COVID 19: el acceso a medicamentos
Colombia debe establecer con prontitud una estrategia de política pública efectiva para que su población acceda, en las mejores condiciones posibles de precio y calidad, a medicamentos para el tratamiento del Coronavirus, a vacunas para prevenir la enfermedad y a instrumentos como los respiradores, fundamentales en la recuperación de los enfermos.
Si bien se ha informado que existen ya algunas combinaciones de medicamente efectivos (anti –retrovirales, inventados y producidos por laboratorios internacionales) que podrían aplicarse a los infectados, lo cierto es que la investigación y el desarrollo de medicamentos no será suficiente si no se adoptan medidas jurídicas y de política pública necesarias para garantizar no solo la fabricación de dichos medicamentos sino también su disponibilidad y acceso en la población.
Los cuestionamientos y decisiones que deben adoptarse deben girar, primero, sobre diversas tecnologías relacionadas con medicamentos o dispositivos o utensilios médicos: es necesario conocer los mecanismos jurídicos para la transferencia tecnológica. De otra parte, de existir patente sobre dichas tecnologías, será fundamental que Colombia adopte una posición. Igualmente, el Gobierno debe estudiar la mejor forma de hacer real y efectiva la fabricación de dichos recursos.
Algunos sostienen que la situación actual demuestra la insuficiencia de la propiedad intelectual como estimulo a la innovación y otros incluso aseveran que las patentes deben ser eliminadas del sistema; sin embargo, más allá de discusiones sin fin, será útil que el Gobierno adopte una posición clara para esta situación excepcional en la que, por supuesto, se priorice la salud de los pacientes y miles de infectados. Existen posibilidades efectivas para lograr este fin.
Así lo plantea la abogada Luisa Fernanda Herrera, máster en Derecho de Propiedad Intelectual (LLM) de Queen Mary University of London, docente investigadora del Departamento de Propiedad Intelectual del Externado, una de las organizadoras y panelistas del seminario virtual realizado por dicha unidad académica el 2 de abril pasado, precisamente sobre “Propiedad Intelectual y la pandemia del Covid 19”.
Oficina de Comunicaciones Universidad Externado. ¿Qué debe hacer el país para garantizarle a sus ciudadanos un acceso expedito a los recursos médicos para combatir/prevenir el COVID 19?
LFH. Si bien es cierto que a nivel internacional la mayoría de medicamentos, vacunas y elementos como los respiradores, todos ellos en proceso de investigación y desarrollo, están protegidos por patentes u otros derechos de propiedad intelectual –el mecanismo que les da a sus titulares el derecho a emplear la invención de manera exclusiva, con la libertad de establecer precios para su acceso y limitando a otros su empleo– Colombia puede fijarse una estrategia para que los colombianos accedan a estos productos.
El mismo sistema de propiedad intelectual ofrece soluciones que debemos examinar. Y en todo caso recordar que muchos de los insumos o tecnologías que son necesarios para atender la pandemia ni siquiera son patentables, así que la discusión no podría girar entre eliminar patentes o no. Ahora, es importante también tener en consideración otros modelos como Alemania donde se adoptó la decisión de suspender derechos de patentes requeridas para hacer frente a la pandemia, instrumento jurídico y de política diferente a la licencia obligatoria que es otra flexibilidad que empezará a sonar en los debates públicos y que en Colombia ha sido importante frente a medicamentos como el Imatinib y el Kaletra. Sobre esto hay que resaltar que Colombia no ha concedido la primera licencia obligatoria; pese a diversos intentos, estos han fracasado. Ahora debemos estar preparados para adoptar la mejor y equilibrada decisión.
Las autoridades competentes deben conocer y estar atentas a diferentes tipos de flexibilidades que contemplan los sistemas de propiedad intelectual y de patentes en situaciones extraordinarias como la presente, y sacar provecho de estos. Son nuevas maneras de trabajar que están desarrollando empresas privadas farmacéuticas. Los acuerdos de colaboración y de transferencia tecnológica son clave.
Contrario a lo que muchos piensan, desde que se inició la pandemia he visto que muchas de estas corporaciones están aunando esfuerzos para encontrar vacunas o medicamentos. Se está haciendo mucho desde el ámbito privado y los gobiernos deben informarse, por ejemplo, sobre los contratos de transferencia de tecnología que permiten que las empresas se asocien en pro de la colaboración para garantizar procesos más expeditos –científicos y jurídicos– que conduzcan a atender con prontitud las emergencias. Los contratos de transferencia permiten la producción en condiciones más eficientes y a menores costos, igualmente los consorcios de patentes que han sido eficaces en emergencias sanitarias o de salubridad de otro tipo. Su objetivo es contrarrestar los efectos nocivos de la competencia, en circunstancias extraordinarias.
Es interesante el caso de compañías automotrices que se han ofrecido para producir los ventiladores necesarios para la atención de los pacientes de Coronavirus, y para ello necesitaron que les otorgaran licencias para explotar los diseños de los aparatos, en el caso de que estuvieran protegidos.
Las autoridades norteamericanas de patentes y de competencia están promoviendo acuerdos de colaboración empresarial y también están flexibilizando el procedimiento de patentes para que haya más estímulo y que no se tarde tanto la concesión. En Estados Unidos, tanto la FDA como la FTC han adoptado guías e instructivos que flexibilizan términos y de procedimiento así como requerimientos adicionales que al ser eliminados permitirán procesos de patente o autorizaciones sanitarias más expeditas.
También deberán estudiarse los impactos de declarar como huérfana a esta pandemia y se ha discutido mucho, en Estados Unidos, si ello generará efectos negativos o positivos en los periodos de exclusividad conferidos por el Estados a las patentes. Ello, aunado a que no se cumple con las características que se requieren para tener dicha calificación; sin embargo sí puede ser útil echarle una mirada a la Ley 1392 que en el 2010 estableció la facultad del Gobierno para entablar negociaciones con las farmacéuticas para facilitar el acceso a dichos medicamentos.
En síntesis, el gobierno debe ser muy proactivo en el aprovechamiento de estas ventajas, teniendo en cuenta siempre el balance necesario entre los intereses de los inventores y los de la salud de la población. Se espera de los privados una economía colaborativa más que exclusiva. Sería deseable, por ejemplo, que en momentos como el actual las empresas evitaran presentar oposiciones en los procesos de concesión de patentes, lo que demoraría la puesta en servicio del producto.
La licencia obligatoria es una flexibilidad que requiere la declaratoria de interés público. Esta situación ocurrió cuando el Ministerio de Salud lo hizo frente al Imatinib. Ahora, es indudable que la declaratoria de interés público resulta procedente. La figura de la licencia obligatoria ha servido como impulsor de las rebajas de precios en los medicamentos por parte de las farmacéuticas a nivel mundial; así fue en casos de antirretorovirales y de muchos otros.
Son muchos los puntos a analizar pero creo que es necesario objetivizar la discusión y no caer en soluciones políticas, sino en adoptar mecanismos jurídicos viables. Por ahora veo que el modelo de Alemania es admirable, tendría que adoptarse de tal forma en la que no se altere el balance de derechos, y estudiar los pools o consorcios de patentes.
OCUEC. ¿Y qué pasa con posibles desarrollos e inventos surgidos en Colombia, por ejemplo modelos de respiradores que han surgido aquí y allá?
L.F.H. Esta crisis abre oportunidades muy interesantes para la innovación en Colombia, y si este Gobierno se interesa en el fomento de la llamada ‘Economía Naranja’, ese es justamente ese el campo: protección de intangibles. El mensaje es que nosotros también podemos hacer desarrollos. Es un momento para creer en la capacidad innovadora de nuestra industria. No esperar a que otros creen para nosotros. Innovar y empezar a usar. En el Valle del Cauca hay desarrollos muy prometedores en la industria farmacéutica.
Y el gobierno colombiano tiene que medir cuáles son los mejores mecanismos jurídicos a adoptarse para evitar que las importaciones de medicamentos sean demasiado onerosas tanto para el país como para los consumidores. Ahora, lo cierto es que el sistema establece mecanismos como las importaciones paralelas, y otros que permiten generar estructuras que garanticen el acceso sin vulnerar los derechos de exclusiva de los titulares de derechos de patente.
OCUEC. ¿Es verdad, como se dice con frecuencia, que el sistema de patentes internacional favorece exclusivamente a las farmacéuticas en detrimento de la salud de la gente pobre?
LFH. Se trata de una idea absoluta que hay que desvirtuar. Por supuesto, existen organizaciones dedicadas únicamente al lucro, con cero responsabilidad social, pero, en general, la propiedad intelectual busca un equilibrio entre los intereses de la investigación científica y las necesidades de salud de la población, y todo ello también con el derecho a competir. Pero, desde luego, hay que partir de una realidad y es el interés de lucro de todas las empresas, no solo de las farmacéuticas, que se mueven dentro de la lógica del sistema capitalista y neoliberal. Ahora, discutir sobre las dificultades del sistema económico, no aporta soluciones concretas.
En ese campo, no se puede generalizar, hay que analizar cada caso. Además, todos, sin diferenciación, hemos sido afectados por esta pandemia, y creo que más que subjetivizar o polarizar el tema como siempre lo solemos hacer, lo importante es encontrar soluciones efectivas y reales. La clave está en el uso del sistema de propiedad intelectual en beneficio de la sociedad y de los inventores y creo que eso es lo que buscamos en el Departamento de Propiedad Intelectual, que ha querido abrir la discusión a todas las posiciones.