Avances y desafíos a 30 años de la Constitución ecológica de Colombia
En un evento organizado por el Departamento de Derecho del Medio Ambiente del Externado, en el que participaron exministros de ambiente, académicos, la procuradora general de la nación y expertos nacionales e internacionales, se resaltaron algunos de los avances en materia de protección ambiental derivados de la Constitución de 1991, y también se mencionaron algunos de los grandes desafíos que tiene la sociedad en temas de derechos ambientales.
En la instalación del evento, el rector del Externado, Hernando Parra Nieto, señaló que: “uno de los aspectos más novedosos que incluyó la Constitución y que se ha fortalecido a lo largo de estos seis lustros es la protección del ambiente sano; al menos 34 disposiciones de la Constitución se refieren a la protección del ambiente y conforman lo que con razón se ha llamado la Constitución ecológica de Colombia”.
Dentro de los aportes de la Constitución del 91 a la conservación del medio ambiente se encuentra la acción de tutela, según Óscar Darío Amaya, consejero de Estado de la Sala de Consulta y Servicio Civil y docente del Externado: “La Constitución ha dejado un empoderamiento importante de la ciudadanía en los temas ambientales. De las 10 millones de tutelas radicadas en el país en este periodo muchas de ellas han sido de contenido ambiental. Hay una apropiación ciudadana de lo ambiental, pese a su déficit de cumplimiento.”
Para Cecilia López Montaño, exministra de Ambiente de Colombia, en la Constitución “hay al menos 79 artículos relacionados con el medio ambiente, algunos de ellos con unos mandatos clarísimos sobre el derecho de las personas a gozar de un ambiente sano”. Sin embargo, la exministra considera que “lo ambiental no ha logrado ser parte sustantiva de lo que le concierne a la sociedad colombiana… Hoy, después de esta crisis, tenemos una deuda social y una ambiental: hay mucho discurso y poca acción”.
Del mismo modo, López argumentó los inconvenientes que, según su punto de vista, trae la privatización de lo ambiental: “Yo creo que le ha hecho mucho daño a la política ambiental (…) Uno de los grandes frenos en este momento es mirar si vamos a seguir siendo dependientes de un modelo minero energético, que es altamente contaminante, pero que, además, no genera el empleo que este país necesita.” Y cuestionó por qué no nos podemos mover a otros sectores que sí son ambientalmente sostenibles.
En la misma línea, Luis Gilberto Murillo, exministro de Ambiente, resaltó que las reformas institucionales que se están planteando a nivel ambiental en Colombia no son ambiciosas. “Yo creo que en el país hay que pensar en cómo se fortalece el sector ambiental en sostenibilidad dándole competencias de ordenamiento territorial plenas, recogiendo las que están distribuidas en otros lados. La otra, en lo que tiene que ver con el manejo del agua que también hay que recogerlas en el Ministerio de Ambiente, esa debería ser la línea”.
Por último, Margarita Cabello Blanco, procuradora general de la nación, indicó algunos de los principales retos de la Procuraduría para lograr el derecho al ambiente sano y señaló: “me preocupa siempre la distancia entre la realidad social y la normatividad y el ordenamiento jurídico colombiano. Me preocupa más trabajar hacia la cercanía con la ciudadanía, hacia lo social, hacia la labor preventiva, hacia la necesidad de la preparación, de la educación, de la formación y de la disciplina de los ciudadanos y de los funcionarios públicos en particular. Yo siento que allí falta un trabajo mucho más fuerte y que la orientación de la Procuraduría puede ir hacia ese camino, lo estamos haciendo. Pero, “hay que reforzar mucho esa parte que siento que todavía está débil por ese conocimiento de la sociedad y de la ciudanía sobre lo que es el respeto por su propia vida, porque en el fondo esa es la realidad. El respeto por su propia vida implica el respeto por los derechos a la naturaleza y al medio ambiente, y por eso uno de los grandes retos que tenemos en la Procuraduría es garantizar de que todas las personas puedan participar en las acciones que los afecten en su vida y en su entorno”.
Por último, la Procuradora agregó: “tenemos la necesidad de seguir acompañando siempre a las comunidades, entender lo que está sucediendo en nuestros territorios y también encontrar de alguna manera la resolución a esos conflictos socioambientales, sin necesidad de llegar a la judicialización. Pienso que debemos ir caminando hacia la necesidad de acompañar lo interinstitucional y la sociedad civil.”