Presentamos al Ministerio de Justicia nuestro informe sobre el Estado de Cosas Inconstitucional del Sistema Penitenciario y Carcelario de Colombia (ECI)

Expresamos nuestras preocupaciones ante la reciente declaración de emergencia carcelaria y penitenciaria por parte de la Dirección del INPEC.

El 09 de junio de 2015, producto de la sentencia T-388 de 2013 que declaró el Estado de cosas inconstitucional en materia carcelaria, se creó la Comisión de Seguimiento de la Sociedad Civil «Con el fin de brindar información e insumos a la Sala Especial de Seguimiento al estado de cosas inconstitucional en materia carcelaria de la Corte Constitucional» (Comisión de seguimiento de la sentencia T-388 de 2013, 2022). Como parte de este seguimiento, el Centro de Investigación en Política Criminal de la Universidad Externado de Colombia, junto a varias organizaciones, está trabajando en la construcción de informes basados en la verificación de la situación en la que viven las personas privadas de la libertad.

Así, presentamos y socializamos con el Ministerio de Justicia, como Comisión de Seguimiento de la Sociedad Civil, nuestro décimo primer informe de Seguimiento al Estado de Cosas Inconstitucional del Sistema Penitenciario y Carcelario de Colombia (ECI) DICIEMBRE 2023.

Este espacio nos permitió compartir perspectivas para abordar las problemáticas identificadas como:

1. La poca eficacia del actual modelo de seguimiento del ECI.
2. Los obstáculos en el acceso a establecimientos y la información necesaria para un seguimiento efectivo por parte de la Sociedad Civil.
3. La ausencia dentro de la estrategia de superación del ECI de situaciones graves como el desgobierno de los centros de reclusión, la tortura y los tratos crueles, el impacto del encarcelamiento sobre los derechos de los familiares y la ausencia u obstáculos para superar el ECI en la agenda legislativa.

Al final de la reunión expresamos nuestras preocupaciones ante la reciente declaración de emergencia carcelaria y penitenciaria por parte de la Dirección del INPEC. Algunas de ellas son:

1. La posibilidad de que las medidas adoptadas en el marco de la declaratoria de emergencia impongan restricciones graves a los derechos de las personas privadas de la libertad o conduzcan a prácticas de tortura o tratos crueles como represalia por parte del personal del INPEC.
2. La solicitud de apoyo militar y policial, sin que conste en el algún documento formal cuál será su papel, por cuanto tiempo y en qué niveles dentro de la gestión penitenciaria.
3. Que se repitan los excesos y las medidas desproporcionadas que se dieron en la última declaratoria de emergencia tal como las limitaciones arbitrarias y la negativa de ingreso de entes de control y la sociedad civil a los establecimientos de reclusión. Además, advertimos sobre el riesgo de que represalias excesivas puedan generar una escalada de violencia en el sistema penitenciario y carcelario.

Con todo, valoramos estos ejercicios de diálogo entre la institucionalidad y la sociedad civil y reiteramos nuestro interés para trabajar de forma articulada con el Ministerio de Justicia por la garantía de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, conservando la independencia y la voz crítica que caracteriza a la Comisión de seguimiento.