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Avanzan en Cartagena las 46° Jornadas de Derecho Penal y Constitucional
La Universidad Externado de Colombia y la Universidad de Los Andes convocaron a más de 30 expertas(os) nacionales e internacionales, que durante tres días más analizaran temas trascendentales como la protesta social, la libertad de expresión, la transformación energética, entre otros, desde los puntos de vista penal y constitucional.
Este evento se realiza en la ciudad de Cartagena y es uno de los más importantes en la materia, tiene como invitadas(os) al ex vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda del Gobierno de España, Pablo Iglesias; las Magistradas de la Corte Constitucional Colombiana, Diana Fajardo y Natalia Ángel; el exministro Mauricio Cárdenas; los investigadores y catedráticos españoles Ivó Coca y Juan Antonio Lascuraín, entre otras(os).
El rector de nuestra Casa de Estudios, Hernando Parra Nieto, sostuvo que para esta nueva versión de las jornadas se tomaron caminos innovadores que responden al ambiente actual de la universidad como institución, a la cooperación interinstitucional, a las exploraciones actuales del derecho como campo del conocimiento cada vez menos segmentado entre especialidades, y a la interdisciplinariedad de nuestro tiempo.
“Todo esto se evidencia en los cuatro grandes temas que abordaremos durante este evento: la protesta social y el estado de derecho; el feminismo, las redes sociales y la libertad de expresión; compliance en derecho electoral y gestión de partidos políticos y transición energética y medio ambiente”, señaló.
Y agregó: “Este compendio temático se sitúa en el centro de las crisis actuales de los regímenes liberales en todas las latitudes del globo. Coyunturas de las que nuestra querida patria no ha podido estar a salvo (…) Por eso es que en este preciso lugar donde la academia ha de ofrecer su espacio de neutralidad para buscar el equilibrio, la moderación y la racionalidad de las políticas regulatorias en campos tan complejos como los que se abordarán en las jornadas”.
El vicefiscal General de la Nación, Gilberto Javier Guerrero, sostuvo que desde hace muchos años estas jornadas se han convertido en un referente y espacio reflexión muy importante sobre temáticas de mucha actualidad y que trascienden más allá en el interés de la cultura jurídica y tienen que ver realmente con temas sociales muy álgidos y que nos conciernen a todos.
“Los temas escogidos para estas jornadas son muy pertinentes por la coyuntura actual que atraviesa el país y sintonizan muy bien con parte de los propósitos que se tienen en la Fiscalía General de la Nación y en los que estamos empeñados en hacer ajustes, cambios o modificar enfoques, principalmente relacionados con la realidad y los fenómenos sociales del país”, precisó.
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Día 1.
La primera jornada se centró en: “La Protesta Social”.
En el primer panel titulado: “Protesta social y Estado de Derecho”, nuestro expositor principal, Pablo Iglesias, pone de presente cómo la calidad de los sistemas democráticos se define por la relación entre la protesta social y el Estado, pues donde no es posible protestar legalmente, no hay democracia. Y aún siendo esta una de las afirmaciones más contundentes de la exposición, Iglesias reconoció que pese a que haya legalidad, en realidad este derecho no es protegido, sino que por el contrario es limitado.
Todo lo anterior, se suma a la crisis de la democracia como mínimo común denominador de todas las tradiciones políticas, su manifestación principal es el carácter liberal de las nuevas derechas, que están tomando distancia de forma evidente de los consensos democráticos como está ocurriendo actualmente con el partido Republicano encabezado por Donald Trump para estas elecciones.
En consecuencia, progresivamente el derecho penal ha tendido a perseguir y criminalizar la protesta siendo este un derecho esencial en la democracia, como afirmó Pablo Iglesias.
Esta exposición dio paso a una mesa de discusión en la que participó nuestro ponente principal junto con Roy Barreras, Yesid Reyes, Manuel Iturralde y nuestra moderadora Andrée Viana Garcés.
En esta discusión se hizo referencia al derecho a la protesta como un derecho poético, pues su relevancia está en lo que significa este derecho en sí mismo. Por otro lado, entendiendo la democracia como la voluntad de las mayorías, no se debe olvidar la importancia de las minorías como lo relató el Dr. Reyes, puesto que otorgar derechos a las minorías es lo que va a permitir que puedan llegar a ser mayorías.
La cuestión es que el derecho a la protesta coloca de presente el choque de estabilidad e inestabilidad en la que se encuentra el Estado, que para ser resuelta requiere del elemento de la vida como dijo Roy Barreras en esta mesa de discusión. Adicionalmente como dijo Manuel Iturralde se debe tener en cuenta, que quienes participan en la protesta son quienes se encuentran en un contexto de desigualdad y exclusión social. Siendo así, no es casual que haya leyes para estigmatizar y criminalizar la protesta social.
En este marco es cuestionable si la protesta se puede justificar, en nuestro segundo panel Ivó Coca con su exposición: “Protesta climática y estado de necesidad justificante”, demuestra cómo dentro del mundo del derecho penal, una figura como esta no es la respuesta adecuada para justificar la protesta, motivo por el cual en este primer día se realizó un análisis en nuestra segunda mesa de discusión respecto de las posiciones que genera este derecho disruptivo.
Día 2.
Para esta jornada el tema central fue el feminismo y la libertad de expresión.
En un mundo globalizado y mediático como en el que nos encontramos actualmente, figuras como el ‘escrache’ y los juicios paralelos, colocan en tela de juicio la presunción de inocencia de aquellas personas que son denunciadas como agresoras.
Bajo este marco, la magistrada de la Corte Constitucional, Diana Fajardo, realizó planteamientos importantes a partir de la sentencia T-455 de 2022 en nuestro primer panel denominado: “Feminismo, redes sociales y libertad de expresión”. Lo anterior, da lugar a una mesa de discusión en la que participaron: Ana Bejarano, Elena Suárez, Fernando Carrillo Flórez y Luisa Caldas como moderadora, cada uno desde el periodismo y el derecho penal controvierte el impacto del ‘escrache’ como forma de sanción social -en palabras de Ana Bejarano-, las afectaciones al buen nombre, la honra y la presunción de inocencia, que genera dicho mecanismo y si el derecho penal es la respuesta ante dichas vulneraciones.
En el segundo panel de este día titulado: “Los juicios paralelos y el #MeToo como mecanismo de control social informal”, contamos con el honor de tener como expositor principal a Juan Antonio Lascuarín, quien se dedicó al tema de los juicios paralelos y la influencia que tienen estos en los procesos penales que se llevan a cabo.
“La presión de los medios puede ser tal, que se entre a la sala no como presunto inocente, sino como culpable en espera de la bendición del juez de dicha culpabilidad”, así surge un interrogante ¿Qué se puede hacer jurídicamente?, aseguró Lascuarín.
Dicho cuestionamiento y las respuestas a este generan una mesa de discusión, en la que participaron: Juan Antonio Lascuarín, Natalia Ángel Cabo (Magistrada de la Corte Constitucional), Isabel Cristina Jaramillo, María Victoria Parra y como moderadora María Camila Correa. En esta mesa la magistrada Natalia Ángel realizó un recorrido jurisprudencial de las diferentes sentencias de tutela en las que ha habido pronunciamiento sobre el ‘escrache’. Además en esta conversación se enfatiza la necesidad del enfoque de género en la administración de justicia. Por último, esta mesa de discusión desembocó en un análisis del significado del ‘escrache’ para el sistema de justicia, como una expresión de su enorme deficiencia. De esta forma, es menester que haya transformaciones en la justicia, las cuales vienen de la mano con las transformaciones culturales -sin una, no hay otra-.
Las Jornadas Internacionales de Derecho Penal y Constitucional son consideradas como el evento académico más relevante del sector en el país. En su versión 46 se espera que las discusiones sean la posibilidad de tener incidencia desde lo local en el derecho internacional.