International Tax Meeting 2024: ‘Derechos humanos y tributación’
La Universidad Externado de Colombia fue sede del International Tax Meeting, un evento que se ha consolidado como un espacio clave para el diálogo internacional.
Este encuentro reunió a expertas(os) de diversos sectores con el propósito de explorar cómo las políticas fiscales pueden transformarse en herramientas de justicia social. En esta edición, se examinó la intersección entre los sistemas tributarios y los derechos humanos, destacando la creciente relevancia de una política fiscal que no solo promueva el crecimiento económico, sino que también apoye el bienestar y los derechos fundamentales.
El evento fue inaugurado por la Doctora Olga Lucía González Parra, directora del Departamento de Derecho Fiscal. La organización del International Tax Meeting estuvo a cargo del Doctor José Manuel Castro, director del Centro Externadista de Estudios Fiscales, y Andrés Felipe Perdomo, docente e investigador del mismo departamento.
El evento incluyó cuatro paneles temáticos fundamentales que abordaron aspectos críticos de la tributación en el mundo actual:
- Política fiscal y derechos humanos.
- Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y Tributación.
- La tributación en la nueva gobernanza global.
- Derechos del contribuyente ante la Administración Tributaria.
En el primer panel, que contó con la moderación de Mariana Matamoros, se reunió a un grupo de expertas(os) en derecho tributario internacional, derechos humanos y política fiscal: Rodrigo Uprimny, Gerardo Herrera-Martínez y Natalia Aristizábal.
Este panel se centró en la interrelación entre la política fiscal y los derechos humanos, abordando la crucial vinculación entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la tributación. Se destacó la naturaleza multidimensional de la sostenibilidad, que abarca dimensiones económicas, climáticas y sociales, enfatizando la necesidad de un sistema tributario equitativo, progresivo y eficiente que actúe como una fuente de financiación sostenible.
En este contexto, se subrayó que los países en vías de desarrollo deben orientar sus políticas públicas hacia la construcción de un gasto eficiente que movilice recursos suficientes para garantizar el respeto y la realización de los derechos humanos y los ODS. Además, se discutió la implementación de incentivos fiscales destinados a evitar la erosión de la base fiscal, reconociendo que muchas medidas no cumplen su propósito original, lo que obstaculiza la maximización de recursos estatales. Se planteó la política tributaria como una función de productividad, enmarcada en la soberanía nacional y la gobernanza global, concluyendo que un enfoque coherente y sostenible en la política fiscal es fundamental para alcanzar los objetivos propuestos y mejorar el bienestar de la sociedad.
En el segundo panel, participaron como panelistas Carolina Montes, Fredy Ríos y Victoria Morales, bajo la moderación del Doctor José Manuel Castro.
Las(os) panelistas aportaron su experiencia en derecho del medio ambiente, derecho empresarial y financiamiento sostenible, enriqueciendo así las discusiones del encuentro. Este segundo panel se centró en el papel crucial que desempeña la tributación en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, una agenda global orientada a erradicar la pobreza y reducir la desigualdad para 2030. Se abordó la responsabilidad que deben asumir las empresas en este contexto, enfatizando la necesidad de un diseño de políticas públicas medioambientales que promuevan la sostenibilidad desde la administración y la gerencia empresarial. Además, se discutieron las diversas dimensiones que los ODS tienen sobre la tributación y las formas en que el legislador puede intervenir en la economía mediante medidas tributarias que modifiquen comportamientos. La responsabilidad social empresarial se destacó como un componente esencial para alinearse con los ODS, concluyendo que la colaboración entre el sector privado y las políticas tributarias es fundamental para alcanzar metas de desarrollo inclusivo y sostenible.
En el tercer panel, moderado por el Doctor José Galíndez, se contó con la participación de Ana Cristina Suárez, José Miguel Sanabria y Andrés Perilla.
Estos panelistas son reconocidas(os) expertas(os) en derecho tributario internacional, derecho comercial, así como en áreas contables y financieras, en este panel se abordaron aspectos cruciales relacionados con el impacto del Pilar I y II del acuerdo de la OCDE, destacando su potencial para mejorar la equidad fiscal a nivel global.
Es imperativo que las naciones en desarrollo fortalezcan sus capacidades de administración tributaria y optimicen sus infraestructuras fiscales, asegurando que las reformas se alineen con sus prioridades de desarrollo económico. En el contexto de América Latina, el nuevo régimen de tributación internacional ofrece oportunidades significativas para incrementar los ingresos fiscales y reducir la evasión, aunque su implementación enfrenta retos considerables debido a la falta de capacidad técnica necesaria en muchos países de la región, para mitigar estos desafíos, es fundamental que los gobiernos latinoamericanos lleven a cabo reformas estructurales que fortalezcan sus marcos fiscales. Además, el creciente papel de la ONU en la gobernanza fiscal internacional marca un cambio significativo en la arquitectura de la tributación, al buscar una mayor equidad en la recaudación de ingresos a nivel global y exigir que los países adopten sus normativas fiscales internas a los estándares emergentes. En este sentido, la creación de un marco de cooperación fiscal internacional por parte de la ONU tiene el potencial de establecer un nuevo paradigma en la gobernanza fiscal internacional, promoviendo un enfoque más inclusivo y eficaz para las naciones en vías de desarrollo.
El último panel del evento contó con la moderación de Andrés Felipe Perdomo y la participación de Manuela Londoño Cortés, Yoner Ojeda Pinto y la doctora Esperanza Buitrago como panelistas.
Su contribución fue fundamental para las reflexiones finales entorno a los derechos fundamentales de los contribuyentes. Este panel se centró en la intersección entre los derechos del contribuyente y a administración tributaria. Se discutió la evolución constante de las administraciones tributarias en el uso de algoritmos e inteligencia artificial, destacando consideraciones recientes en Colombia sobre el uso adecuado de estas herramientas en la toma de decisiones judiciales. En este sentido, surgieron interrogantes sobre el papel de la inteligencia artificial en los procesos de toma de decisiones, especialmente en lo que respecta al derecho del contribuyente a conocer la programación y el código fuente que fundamenta decisiones administrativas. Se enfatizó que el contribuyente debe tener acceso a la información que permita su defensa, ya que la falta de transparencia podría vulnerar su derecho al debido proceso.
Además, el panel examinó los mecanismos alternativos de solución de controversias, como los procedimientos de mutuo acuerdo en el marco de los Convenios de Doble Imposición, señalando que, aunque este enfoque busca proteger los derechos internacionales del contribuyente, su participación directa en estos procesos es limitada, lo que podría restringir sus derechos.
También se discutió la revelación de esquemas de planificación agresiva, cuestionando hasta qué punto esta información debe ser pública y cómo puede afectar los derechos del contribuyente. Aunque la norma busca prevenir la erosión de la base gravable, la obligación de revelación impuesta a los asesores tributarios puede entrar en conflicto con el derecho al secreto profesional y a no auto incriminarse. En conclusión, el panel destacó la necesidad de equilibrar la transparencia y la protección de los derechos del contribuyente frente a las innovaciones tecnológicas y las normativas fiscales en constante cambio.
Finalmente, en la conferencia de cierre, Santiago Vega, abogado de la Universidad Externado de Colombia, presentó una ponencia sobre los límites de la potestad tributaria en relación con el gravamen que se impone sobre las sentencias condenatorias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si bien los tributos constituyen una de las principales fuentes de ingresos para financiar el gasto público y garantizar los derechos del colectivo, la ausencia de imposición tributaria puede ser igualmente garantista en el ámbito del respeto a los derechos humanos del contribuyente. En este sentido, se argumentó que la exención fiscal puede resultar más protectora que la imposición del tributo.