Así fue la audiencia pública de la Corte para hacer seguimiento al Estado de Cosas Inconstitucional del sistema carcelario y penitenciario.
El pasado jueves 25 de octubre la Corte Constitucional abrió audiencia pública dentro del seguimiento del cumplimiento de las sentencias T-388 de 2013 y T-762 de 2015, las cuales declaran y reiteran el estado de cosas inconstitucional carcelario y penitenciario de Colombia.
Gloria Stella Ortiz, Vicepresidenta de la Corte, fue la encargada de darle inicio a la audiencia pública. Dentro de su intervención introductoria hizo énfasis en la importancia de construir un constitucionalismo dialógico, que coordine y retroalimente sus decisiones con la sociedad civil y la academia.
La audiencia se dividió en dos secciones principales, la primera consistía en la intervención de las organizaciones de la sociedad civil, como universidades, centros de investigación y ONG, entidades autónomas como la Contraloría, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo. La segunda implicaba la participación de la Consejería de Seguridad de la Presidencia, la Fiscalía General de la Nación, la dirección del USPEC, la dirección del INPEC y el Ministerio de Justicia.
La Comisión de Seguimiento de la Sociedad Civil a la sentencia T-388 de 2013 y T-762 de 2015, de la cual hace parte el Centro de Investigación en Política Criminal del Externado, hizo referencia a lo desarrollado en la respuesta al informe semestral del gobierno nacional al estado de cosas inconstitucional carcelario y penitenciario en el cual se manifestó la falta de coherencia y sistematicidad de la fase primaria de la política criminal. Respecto al enfoque diferencial, hizo referencia a la ausencia de este enfoque en todas las fases de la política criminal especialmente en la fase terciaria afectando a la población más vulnerables como lo son los indígenas privados de la libertad, mujeres, población LGTBI, adulto mayor.
Esta Comisión expresó su preocupación frente a la batería de indicadores diseñada por la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Justicia para analizar el goce efectivo de derechos de la población carcelaria. Señaló la obligación de conceptualizar claramente lo que implica el goce efectivo de derechos, de modo que se definan criterios básicos de racionalidad, pudiendo así establecer avances o retrocesos respecto a las políticas implementadas. Expresó la necesidad de diseñar indicadores en cuanto a la fase primera y secundaria de política criminal como la urgencia de incluir cifras que estén contextualizadas, no se concentren solamente en indicadores positivos y de cumplimiento, y que incluyan especial perspectiva de los internos sobre la situación carcelaria y penitenciaria.
En la segunda parte de la audiencia, intervinieron varios representantes de las Entidades encargadas de la ejecución de la política criminal como el Consejero Presidencia de Seguridad, Rafael Guarín, el Fiscal General de la Nación Néstor Humberto Martínez, la Ministra de Justicia, Gloria María Borrero, el Director del INPEC, Jorge Luis Ramirez, quienes a su vez expresaron las acciones que se han realizado de acuerdo con sus competencias para la superación del Estado de Cosas Inconstitucional.
Luis Melo. Monitor del CIPC.