Conoce aquí la posición de la Comisión Asesora de Política Criminal en la audiencia del Senado sobre el Proyecto «por el cual se humaniza la política criminal y penitenciara para contribuir a la superación del estado de cosas inconstitucional y se dictan otras disposiciones» del Ministerio de Justicia
La Comisión Asesora de Política Criminal, creada por los artículos 19 y 20 del decreto 2055 de 2014, es un organismo consultivo del Estado, en especial del Ministerio de Justicia y del Consejo de Política Criminal, que está integrada por diez académicos de reconocida idoneidad en el tema, nombrados por un período de dos años y quienes actúan en forma independiente. Sus integrantes no son funcionarios del gobierno.
En la actualidad, la Comisión Asesora está integrada por Luisa Fernanda Cano, Mónica Cifuentes, Daniel Gómez-Mazo, Marcela Gutiérrez, Miguel La Rota, Mónica Lopera, Maria Victoria Llorente, Iván Orozco, Alvaro Pava y Rodrigo Uprimny.
El pasado 9 de febrero de 2023 se realizó Audiencia pública en la Comisión Accidental para el seguimiento, vigilancia y control de la situación penitenciaria y carcelaria en Colombia en el Senado. La Comisión Asesora expuso sus cinco tesis sobre la actual situación de la política criminal y sobre el proyecto de humanización:
«La Comisión comparte los propósitos del proyecto del Ministerio de Justicia, que busca humanizar el sistema penitenciario y eliminar el hacinamiento, sin necesariamente afectar la seguridad ciudadana ni los derechos de las víctimas. Todo lo contrario: el proyecto busca fortalecer la resocialización, lo cual puede contribuir a reducir la reincidencia y, por esta vía, a mejorar la seguridad. Y le apuesta, con razón, a la justicia restaurativa, cuyos resultados comparados en el mundo son muy prometedores, no sólo para evitar la reincidencia sino para mejorar la convivencia y satisfacer mejor los derechos de las víctimas. Entendemos, no obstante, que este proyecto de ley es solo uno de los componentes de una política criminal que, para enfrentar la doble crisis ya mencionada – de seguridad ciudadana y carcelaria –, ha de estar acompañada de otro tipo de medidas que trascienden el ámbito de la reforma legal en materia penal, procesal y penitenciaria».