La cadena perpetua no garantiza los derechos de las víctimas
Integrantes del Centro de Investigaciones en Política Criminal del Externado presentaron argumentos para demostrar que la cadena perpetua no ofrece solución efectiva y real al delito en general y, en particular, a los delitos sexuales. Sostienen que hay que buscar alternativas que sí funcionen.
Las docentes investigadoras Angélica María Pardo, Ana Lucía Moncayo y Ángela Marcela Olarte, con la moderación de la profesora Marcela Gutiérrez Quevedo, directora del Centro de Investigaciones en Política Criminal realizaron el webinar “La irracionalidad del populismo punitivo: cadena perpetua ante crisis carcelaria”.
En el conversatorio se expusieron los principales argumentos sobre la inviabilidad de la prisión perpetua en Colombia a propósito de la iniciativa legislativa que cursa en el Congreso de la República y que a la fecha ha sido aprobada en cinco debates.
La profesora Marcela Gutiérrez consideró fundamental este espacio para el dialogo y la construcción de una política criminal garantista, respetuosa de la dignidad humana y de la Constitución Política.
A continuación, algunas de las principales conclusiones:
La docente Ana Lucía Moncayo señaló que el proyecto de acto legislativo que busca implementar la cadena perpetua es ineficaz, ya que esta no es idónea, ni útil para el fin legítimo y constitucional invocado: la protección de los niños, las niñas y los adolescentes contra la violencia sexual.
Y la implementación de la cadena perpetua es ineficaz porque no hay evidencia científica que demuestre en qué medida se mejora o protege la libertad, integridad y formación sexual de los niños, niñas y adolescentes. La incertidumbre en la capacidad de esta medida para lograr el propósito esgrimido, es la regla general.
La docente reiteró que lo que sí se ha demostrado es el peligro y la afectación de esta pena en el individuo condenado y en sus familias.
Por su parte, la docente Ángela Marcela Olarte señaló que la prisión perpetua como solución no responde al problema social del abuso sexual infantil, toda vez que este es resultado de múltiples causas que deben ser abordadas de manera integral como lo explica el modelo ecológico del abuso sexual infantil.
Por otro lado, la tendencia de aumentos punitivos en los últimos años de hasta el 110 por ciento en Colombia para los delitos relacionados con la libertad, integridad y formación sexuales, no ha dado los resultados esperados.
Estos aumentos no están teniendo el efecto de la prevención general de la pena pues según las cifras del Medicina Legal los exámenes médico legales por presunto delito sexual se han incrementado en un 30 por ciento en los últimos tres años. Si bien este fenómeno tiene varias justificaciones, pone en evidencia que los aumentos punitivos no están disuadiendo a los ofensores en la comisión de los delitos y por esa razón es necesario abordar el problema desde varias aristas que permitan proteger a los niños, niñas y adolescentes de manera efectiva.
Angélica María Pardo, docente del Centro de Investigación en Política Criminal, manifestó que el impacto fiscal de la cárcel es considerable. Al sector carcelario se destinan grandes cantidades de recursos sin que ello se traduzca, ni siquiera, en el correcto funcionamiento de las prisiones. A pesar del gran gasto (aproximadamente 18 millones de pesos por recluso al año y más de 2 billones de pesos asignados en el presupuesto al INPEC y al USPEC), no se garantizan los derechos humanos de la población privada de la libertad.
Permitir la cadena perpetua haría aún más insostenible la situación dentro de las prisiones y representaría una carga desmesurada para el Estado colombiano, pues además de los costos directos del encarcelamiento, hay costos indirectos y costos de oportunidad. ¿De qué mejor forma se podrían gastar los recursos asignados al sector carcelario? ¿Educación? ¿Generación de empleo? ¿Programas sociales de prevención del crimen? Estos fueron algunos de los aspectos económicos que se trataron en el conversatorio.
El evento tuvo gran acogida en la comunidad académica y público en general. Asistieron funcionarios del Estado, miembros de organizaciones no gubernamentales, estudiantes y profesores de derecho de universidades nacionales e internacionales.
Libro Consideraciones sobre la inviabilidad de la prisión perpetua en Colombia