Análisis sobre el reconocimiento de los derechos del campesinado

Con la presencia de funcionarios del gobierno nacional, profesores, estudiantes y líderes de organizaciones sociales, el Centro de Investigación sobre Dinámica Social (CIDS) de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas llevó a cabo un debate sobre los ‘Efectos de la modificación del artículo 64 de la Constitución Política de Colombia’, que establece el reconocimiento de los derechos de la comunidad campesina.

Con la aprobación del Acto Legislativo 001 del 5 de julio de 2023, se reformó el artículo 64 de la Constitución Política de Colombia, «es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de las(os) trabajadoras(es) agrarios, de forma individual o asociativa, y a los servicios de educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de productos, asistencia técnica y empresarial, con el fin de mejorar el ingreso y la calidad de vida de los campesinos.»

La conversación se centró en los efectos, avances y desafíos relacionados con la garantía de los derechos de la comunidad campesina colombiana, en aspectos económicos, sociales, culturales, políticos y ambientales.

Durante la jornada, el rector de la Universidad Externado de Colombia, Hernando Parra Nieto, expresó que “ una de las funciones de la academia, y de la Universidad en su conjunto es servir de escenario en el que puedan congregarse, bajo la égida de la libertad plena y la autonomía, a una multiplicidad de expertas(os) en distintas artes y oficios, con miras a disertar sobre las alteraciones que sufre nuestra realidad en variados campos que moldean e impactan la configuración de las disposiciones jurídicas que nos gobiernan”.

En el panel ‘Los cambios e implicaciones de la modificación del artículo 64 de la Constitución Política de Colombia y los desafíos que implica para la transformación de la situación social, política y económica de las comunidades rurales en el país’. Tuvo la participación de las(os) expertas(os): Juan David Correa, ministro de Cultura; Antonio José Lizarazo, magistrado de la Corte Constitucional de Colombia; Alejandro Ramírez Roa, director de Democracia, participación y Acción comunal de Ministerio de Interior; Nilson Liz, presidente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC); Rodrigo Uprimny, investigador de DeJusticia; y Carlos Alberto Benavides, Senador de la República, compartieron sus puntos de vista sobre el reconocimiento del campesino como sujeto de derechos constitucionales y los efectos de la Ley.

Para el magistrado de la Corte Constitucional Antonio José Lizarazo este Acto legislativo es un complemento de las acciones previamente realizadas por el Estado. “Esta modificación permite elevar a un rango constitucional un reconcomiendo que ya la jurisprudencia había hecho, a partir de la disposición del artículo 64 se fortalece el parámetro del reconocimiento del derecho de los campesinos.”

Por su parte, el director de Democracia, participación y Acción comunal de Ministerio de Interior Alejandro Ramírez Roa, celebró la participación de las(os) destacadas(os) expositoras(es) y su aporte a la transformación social.

“De parte del Ministerio del Interior, estamos muy contentos por este espacio que nutre el debate político, ejecutivo legal y judicial, frente a los sujetos de protección especial como son las(os) campesinas(os) del territorio nacional. El observar que somos un país multicultural nos permite desarrollar una concertación de lo que significa esta reforma legal que le garantizará una mejor calidad de vida a toda la comunidad campesina”.

Finalmente, durante el panel ‘Reconocimiento de Derechos y Desarrollo de la Comunidad Campesina’, los expertos: Carlos de la Torre, representante de la ONU; Pedro Arenas de la corporación VISO MUTOP; y Felipe Tascón director del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos, compartieron sus puntos de vista sobre la situación de los campesinos en zonas de conflicto y cultivos ilícitos.

Este encuentro contó con la participación del Ministerio del Interior, el Ministerio de Agricultura, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU DDHH), el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) y el Centro de Investigación sobre Dinámica Social (CIDS) de la Universidad Externado de Colombia.

Finalmente reiteraron la importancia de constituir redes de solidaridad, más allá del territorio donde se asientan los movimientos que funcionan como espacio de intercambio y visibilidad.