Desmovilizados en Colombia: el riesgo de ‘echar para atrás’

La investigación, realizada por la ARN, el área de Salud, Conocimiento Médico y Sociedad del Centro de Investigaciones sobre Dinámica Social y el Externado, determinó que el 61% de la población estudiada tiene alarmas específicas de malestar emocional que puede estar configurando trastornos de salud mental.

• Resultados de la encuesta aplicada a cerca de 27 mil personas desmovilizadas de grupos armados en proceso de reintegración
• La investigación “Salud mental en el contexto Desmovilización Desarme y Reincorporación: trayectorias, espectros de sufrimiento y calidad de vida en población desmovilizada del conflicto armado colombiano”, fue realizada por el Externado de Colombia y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización.
• El regreso a actividades del conflicto armado o delincuenciales es el resultado de una serie de aspectos, tanto de los sujetos como de sus contextos y de factores estructurales de la sociedad colombiana. Hasta un 77% tendrían riesgo medio de regresar al conflicto armado.
• Alrededor del 17% de la población estudiada, practicamente 4500 personas, acumulan riesgos por situaciones vividas provenientes de su trayectoria, que ameritan una atención particular y cuidadosa.
• Un 61% de la población tiene alarmas específicas de malestar emocional que puede estar configurando trastornos de salud mental.
• La persistencia de las condiciones sociales, económicas y culturales que generaron la guerra, impide el afianzamiento de la paz.
• La investigación define aspectos prioritarios de intervención y propone un modelo integral de atención con perspectiva comunitaria.

Se firma la paz, pero persisten múltiples expresiones de violencia; emergen nuevas y variadas formas de delincuencia; la corrupción campea; la intolerancia y la violencia verbal son cotidianas. ¿Qué está sucediendo?

La investigación realizada por la estatal Agencia para la Reincorporación y la Normalización – ARN y el área de Salud, Conocimiento Médico y Sociedad del Centro de Investigaciones sobre Dinámica Social – CIDS, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas del Externado de Colombia, ofrece respuestas a este interrogante y a otros tan acuciantes como: ¿hasta qué punto el camino recorrido por quienes se encuentran en el proceso de desmovilización e integración a la vida civil está en peligro de ser ‘desandado’?

Investigadores del CIDS, encabezados por Diego Mauricio Aponte Canencio diseñaron para la ARN la Encuesta Multiaxial Psicosocial (EMP) diseñada en 2010 con el objetivo de detectar problemáticas de salud mental y mejorar los procesos de antención psicosocial que brinda la institución. El instrumento se sigue aplicando hasta el día de hoy por parte de la ARN. Los resultados de su aplicación por parte de los profesionales de la ARN, dentro de un proceso de colaboración entre la Academia y el Estado dan lugar a la publicación del libro escrito por Diego Mauricio Aponte y José Zapata “Salud mental en el contexto Desmovilización Desarme y Reincorporación: trayectorias, espectros de sufrimiento y calidad de vida en población desmovilizada del conflicto armado colombiano” (editorial del Externado) presentado el 24 de abril en la Feria Internacional del Libro de Bogotá.

La prueba, respondida por cerca de 27.000 personas en proceso de reintegración en el periodo comprendido entre 2010 y 2014, al caracterizar a quienes adelantaban el proceso en aquel periodo, puede brindar pautas para todos los que hoy realizan su tránsito a la vida civil, con posterioridad al acuerdo de paz, subrayan los investigadores.

Se obtuvo una caracterización general de la población en cuanto a: probabilidad de trastornos mentales (presencia significativa de síntomas de distintos eventos clínicos entendidos como expresión de sufrimiento emocional); rasgos de personalidad destacados; trayectorias de vida y calidad de vida percibida, con la idea de relacionar los ámbitos de la salud mental con el del conflicto armado. Todo ello en favor de ofrecer insumos importantes para entender y actuar sobre el futuro inmediato, como parte de un esfuerzo dirigido a mejorar los resultados en un campo que registra un índice de 70 por ciento de experiencias exitosas, según cifras oficiales de la ARN, que no resulta del todo desalentador, si se le compara, por ejemplo, con el 70 por ciento de reincidencia en población vinculada al sistema de justicia.

Se trata, explican los autores, de “un acercamiento que toca elementos del sufrimiento emocional y se acerca a la historia pasada y presente de cada sujeto y de sus distintos contextos para aportar un marco comprensivo de su proceso de vida. (Porque) sería imposible estudiar las condiciones psíquicas al margen de los contextos sociohistóricos en las que estas se estructuran y configuran… (Se trata de) comprender los diversos síntomas o trastornos ocasionados por la experiencia del conflicto armado como resultado de duelos, daños en la salud mental, exposición a experiencias crueles y de barbarie, frustración, exclusión, estrés crónico y rupturas emocionales y de vínculo social de sus participantes. Implica también entender el malestar derivado de la transición de las dinámicas de vida militar y del conflicto armado a las dinámicas de la vida civil y el proceso mismo de reintegración”.

Lo que dicen las trayectorias vitales de las personas

Las trayectorias de vida de quienes hoy hacen parte de programas de desmovilización y reintegración ofrecen información bastante precisa sobre las posibilidades que existen de regresar a los grupos armados. Es un ejercicio que contrasta el nivel riesgo antes de ingresar a la organización armada, durante su permanencia en ella y en el proceso de reincorporación a la vida civil.  Las trayectorias son observadas en función de 8 ejes, considerados factores determinantes del conflicto y del malestar emocional:

Disposición por ruptura normativa (carencias en el acatamiento de la ley); Disposición por contexto cultural del conflicto (normalización de pautas culturales de guerra); Disposición por redes de riesgo (fragilidad de redes sociales protectoras y presencia de redes delincuenciales de riesgo); Disposición por afectación de vínculos (efectos de experiencias de victimización no elaboradas); Disposición por prácticas políticas no democráticas (corruptas, excluyentes, violentas, no participativas y autoritarias); Disposición por déficit de recursividad social adaptativa (desequilibrio entre habilidades sociales y laborales y oportunidades); Disposición por inserción laboral-productiva y Disposición por condiciones de salud y autocuidado.

Aquí los resultados más importantes:

-77% de la población estudiada muestra, en la suma de todos los ejes de la trayectoria, un riesgo medio, en contraste con un 22% de disposición baja, y el 1% de disposición alta. Es decir: existe un riesgo de grado medio de retornar a la guerra, en la mayor parte de la población de la encuesta.

-A más alarmas en los ejes, mayor riesgo de retornar a la actividad armada. 17%, registra más de 3 alarmas: unas 4500 personas del estudio que requieren de una atención particular.

-El eje que más acumula riesgos por disposición, es el de “déficit de recursividad social adaptativa”. Un 93% de la población reporta un grado de disposición medio a alto: las personas reconocen desequilibrios entre las habilidades que tienen y sus oportunidades para usarlas en los contextos de la reintegración, alrededor de los temas indagados (resolver conflictos, comunicarse y tener habilidades que les permitan ‘defenderse’ en términos productivos en un entorno legal).

-Le sigue en importancia la disposición por “afectación de vínculos”. Del 81,6% de la población que reporta disposición de riesgo en este eje de la trayectoria, casi un 42,9% reconoce que en afectación de vínculos hay un grado de riesgo alto y apenas un 18,3% de la población se encuentra en atenuación. Ello refleja la acumulación de duelos, pérdidas, crueldad, barbarie y cercanía con la muerte, situaciones que no han tenido oportunidad de elaborar y que implican vulnerabilidad importante en relación con los temas de salud mental y afectación emocional.

-El eje de “redes de riesgo”, presenta cifras preocupantes: si bien en un 40,2% de la población hay una disminución de grado de riesgo por fragilidad de las redes de apoyo (familiares, sociales), un 50% se considera que hay un aumento en la fragilidad de redes o, por el contrario, una elevación de la presencia de redes peligrosas, que actúan como una suerte de imán hacían la delincuencia.

En conclusión, según el documento, “en buena parte de la población priman situaciones y persisten o aumentan condiciones de riesgo en el momento final, en comparación con el momento en el que las personas ingresaron a los grupos armados… (estas) particulares constelaciones de riesgo deben tenerse en cuenta para valorar y orientar los procesos de reintegración o reincorporación y la construcción de una paz duradera en el posconflicto”.

Otro dato relevante es la correlación entre los indicadores de cultura política no democrática, redes de riesgo y normalización de pautas culturales de la guerra y la violencia que, según los autores, deberían ser afrontadas prioritariamente por los gobiernos.

 La salud mental de quienes dejan la guerra

Según el estudio, se dibuja una cierta vulnerabilidad específica de la población analizada en relación con su salud mental. Se identifican factores existentes desde antes de su ingreso a los grupos armados, y otros por cuenta de tensiones propias del proceso que viven en cuanto a abandonar la guerra: inserción laboral, reconstitución de formas de vida, reencuentros con las familias,  inseguridad y riesgo para sus vidas, necesidades de formación, presencia de grupos que inducen al delito, temores al rechazo, procesos jurídicos y, para el caso de las FARC, los desafíos de desenvolverse en un contexto político francamente enrarecido y polarizado.

Se observa en la población estudiada presencia significativa de síntomas así: estrés postraumático 31%; ansiedad 27,3%; trastorno explosivo intermitente del control de los impulsos 26,2%; estados maniacos 23%; depresión 17,1%; juego patológico 13,8%; psicosis 10%; consumo problemático de alcohol 7,8% y consumo de sustancias psicoactivas, 4,1%.

En la escala de “rasgos de personalidad”, la investigación subraya que “si bien hay algunas tendencias que pueden indicar riesgos de reincidencia o conductas disruptivas de la ley, estas no son mayoritarias… De manera que la decisión de ingresar a grupos armados se explica mejor por condiciones del contexto social y cultural de la violencia política”.

-59,2% de los encuestados reconoce que familiares suyos murieron por causas violentas; 52,9% se reconoce como víctima (ellos mismos o sus familiares); 25% tuvo experiencias de abandono de sus familias; 51% considera que en el lugar donde vivía antes de ingresar al grupo armado no había oportunidades laborales; 48% presenció situaciones crueles o violentas antes de ingresar al grupo armado y 38% estaba familiarizado con economías ilegales.

Una pobre calidad de vida percibida

El estudio midió la percepción de sí mismo y del entorno afectivo y físico, así como las posibilidades que este entorno aporta al proceso de reintegración. Un 36% muestra algo de insatisfacción consigo mismo; 41% advierte limitaciones en algunas habilidades de adaptación al medio; 42% no percibe bien sus apoyos afectivos y su capacidad de mantenerse estable en este sentido; 47,2% tiene percepción no satisfactoria sobre sus condiciones objetivas de vida y un 61,2% percibe que el entorno social y sus condiciones objetivas de vida no le ofrecen suficientes elementos para ir más allá de sus limitaciones actuales.

Lejos del manicomio

Como alternativa para abordar la realidad descrita, la investigación formula una propuesta disruptiva con respecto al enfoque tradicional de la salud mental y necesaria ante la ausencia de una arquitectura institucional para el postconflicto. Se propone sacarla del ámbito hospitalario, descartar la solución del manicomio, y restarle importancia a la mirada centrada en el individuo, para diseñar un proyecto integrador, con protagonismo de la comunidad, con visión local y largo aliento. Así se concibe:

“Un dispositivo social participativo que ayude a la gobernanza de los territorios en aspectos de convivencia, celebración de la diversidad, superación del estigma y la desconfianza, bienestar comunitario e individual, atención a la vulnerabilidad (…) Las acciones se deben dirigir a múltiples niveles de incidencia de manera articulada (todo a la vez): al fortalecimiento de los sujetos; a reencuentros y apoyos familiares; a la activación de dinámicas y proyectos colectivos y de pares; a la inserción laboral; a la formación y desarrollo de saberes y habilidades; a la activación sociocultural y simbólica de la paz, la convivencia, la solidaridad y la diversidad; a la prevención y afrontamiento de distintas formas de violencia; a la disminución y el desestímulo de la delincuencia y la ilegalidad; a la inclusión, la participación social y política y al fortalecimiento de las instituciones”.

Solo así, reiteran los autores de este estudio, se podrá lograr el afianzamiento de la paz y prevenir un nuevo desencadenamiento de la guerra.  Y, al final, una reflexión dirigida a quienes luchan por borrar la guerra de su vida:

“Las guerras no dejan sino dolor y muchas veces ni vencedores ni vencidos. A todos y cada uno de los excombatientes, una voz de aliento para que sigan el camino de la paz”.