Inteligencia artificial en el derecho penal, una discusión sobre su uso en el sistema jurídico colombiano

Durante el ‘Seminario de actualización en regulación de la IA: Perspectivas globales y desafíos jurídicos’ se reunieron destacados juristas para discutir los avances, oportunidades y retos referentes a esta tecnología.

En un contexto donde la inteligencia artificial (IA) se integra cada vez más en la administración de justicia, se hace apremiante analizar las implicaciones que tiene su uso, y la posibilidad de regular con una mirada prospectiva. Es por eso que el Departamento de Derecho Penal de la Universidad Externado de Colombia reunió a expertas(os) para debatir los efectos de esta tecnología en casos legales, creación de sentencias y estudio de tutelas en el marco legal colombiano. 

El director del Departamento de Derecho Penal y Criminología, Yesid Reyes, inició el diálogo explicando que en el sistema judicial colombiano en los últimos años se ha abierto una ventana para usar la IA para que los juristas y también la población civil pueda tener un acercamiento y aproximación más sencilla con lo que involucra al derecho y las leyes. También dio algunos ejemplos reales sobre su uso, como el caso de la plataforma PretorIA, una herramienta de la Corte Constitucional para la revisión de tutelas que ha generado opiniones divididas.

“PretorIA no reemplaza a los magistrados”, aclaró Reyes, refiriéndose a la controversia sobre la posibilidad de que esta plataforma automatice decisiones judiciales. En lugar de eso, explicó que PretorIA clasifica y organiza la información, facilitando el trabajo de los magistrados y les permite tomar decisiones con mayor rapidez y precisión.

El seminario también abordó la relación entre IA y acceso a la justicia. Reyes enfatizó que “la accesibilidad y la transparencia generan confiabilidad hacia el sistema judicial”, en referencia a cómo las herramientas tecnológicas pueden mejorar la relación entre el ciudadano y la justicia, aumentando la transparencia del sistema.

La IA en el sistema judicial 

El magistrado de la Corte Constitucional, Juan Carlos Cortés, quien estuvo como invitado en el seminario, analizó la sentencia T-323/24, donde se usó ChatGPT para responder consultas sobre el derecho a la salud de un menor con autismo. El magistrado resaltó que el tipo de preguntas formuladas al modelo de IA puede alterar las respuestas, lo que evidenció la necesidad de interpretar los datos con criterios humanos para evitar sesgos o errores.

Asimismo explicó que en lo sustancial se analizó la concepción del tratamiento integral y el pago de cuotas moderadoras para su atención. Las preguntas que fueron realizadas por el despacho fueron las siguientes: ¿El menor autista está exonerado de pagar cuotas moderadoras en sus terapias? ¿Las acciones de tutela en estos casos se deben conceder? ¿Exigir en estos casos la cuota moderadora es una barrera de acceso al servicio de salud? ¿La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha tomado decisiones favorables en casos similares? 

El magistrado Cortés puntualizó que el rol del juez natural es determinante para la revisión de las sentencias y también para el análisis y uso de plataformas de inteligencia artificial como ChatGPT (de OpenIA). Igualmente señaló que en algunos países de la región como Perú, y en Europa se está avanzando en la perspectiva de su regulación. 

“El Consejo Superior de la Judicatura (de Colombia) viene trabajando muy intensamente con UNESCO en la actualidad para construir unas directrices no solamente para transferencia tecnología para capacitación, sino también para generar unas directrices ya más específicas y especializadas en materia de día y para las decisiones judiciales”, señaló el magistrado.  

Un uso de la tecnología igualitario 

La profesora Sandra Ortiz, directora del Departamento de Derecho de las Telecomunicaciones del Externado, abordó el papel de la IA en la protección de derechos fundamentales. Según Ortiz, no todos los juzgados cuentan con la infraestructura adecuada para utilizar herramientas de IA de manera uniforme, lo que agrava las desigualdades en el acceso a la justicia. Por eso afirmó que es vital capacitar a los jueces en el uso de estas herramientas, ya que un mal uso podría afectar los derechos fundamentales de las personas.

Ortiz planteó la urgencia de una regulación adecuada en el país. En su intervención, mencionó que se ha formado una comisión bicameral en el Congreso que evalúa distintos proyectos de ley para definir si se opta por una ley de principios generales, como en el caso de la Unión Europea, o una legislación más detallada que tome en cuenta los efectos específicos de la IA en el ámbito judicial.

Uno de los puntos principales del Seminario fue la necesidad de una regulación estricta y adaptada a la realidad colombiana para el uso de la inteligencia artificial generativa, especialmente en el ámbito judicial. 

Alirio Uribe, representante a la Cámara por Bogotá, enfatizó la importancia de que Colombia avance en esta área aprovechando las experiencias de otros países. «Hay al menos 50 países que están discutiendo si regular la inteligencia artificial». El representante destacó que en una reciente encuesta el 92 % de los encuestados consideró que se debe regular la inteligencia artificial. 

Uribe mencionó que, si bien Colombia no cuenta con el hardware necesario para desarrollar tecnología avanzada de inteligencia artificial, sí tiene la capacidad de formar expertos y desarrollar software ajustado a sus necesidades. Según él, el avance de la inteligencia artificial en Colombia debe ir de la mano con principios de transparencia, responsabilidad y respeto a la privacidad. 

«La IA puede aportar mucho, pero siempre debemos asegurar que no se sustituyan los valores humanos en las decisiones judiciales», concluyó.

Alberto Morales, profesor de Derecho Penal, se sumó a la conversación planteando dudas sobre la capacidad de la IA generativa para asumir funciones críticas en el derecho penal, especialmente en el análisis de pruebas. 

“La pregunta es: ¿Tendrá una inteligencia artificial autónoma o una inteligencia artificial generativa la capacidad de llevar a cabo una persuasión racional de acuerdo con la sana crítica como lo debe hacer un juez natural?”, cuestionó. 

El Seminario organizado por el Departamento de Derecho Penal y Criminología de la Universidad Externado de Colombia, permitió a las expertas(os) reflexionar sobre el futuro de la IA autónoma en el ámbito judicial. Según Morales, esta tecnología “podría algún día tomar decisiones de manera independiente,” pero la pregunta sigue siendo si ese tipo de decisiones serían válidas y aceptadas. 

La evolución hacia una IA autónoma plantea nuevos desafíos éticos y jurídicos, dejando claro que, aunque el desarrollo es inevitable, la supervisión y el control humano deben permanecer en el centro del sistema de justicia para mantener la legitimidad y equidad en los procesos judiciales.