Asistencia y decisiones al final de la vida
El Centro de Estudios sobre Genética y Derecho realizó la quinta sesión de su primer ciclo de conferencias en la que se discutió sobre los avances y retos jurídicos respecto a la eutanasia en Colombia.
En esta ocasión, el encuentro estuvo liderado por Ana Isabel Gómez, doctora en Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana y vicedecana de la Facultad de Medicina de la Universidad del Rosario quien, durante dos horas, habló sobre los múltiples debates jurídicos y éticos que surgen en relación con la asistencia médica y las decisiones personales al final de la vida.
Uno de los casos que tomó la ponente para ilustrar el debate fue el del padre de Julio César González, mejor conocido como ‘Matador’, quien levantó un gran debate público cuando se conoció que se iba a someter a una eutanasia después de pasar varios años en una clínica afrontando un agresivo cáncer en la boca.
Esta eutanasia, antes de ser aprobada, hubo de enfrentar diversos problemas de trámite administrativo, hasta que el comité pro muerte digna de la clínica Oncólogos de Occidente la aprobó, aunque tuvo que enfrentar una tutela ante los tribunales de Pereira, donde residen el caricaturista y su familia.
Este caso se transformó en la primera eutanasia legal practicada en el país, luego de que la resolución 1216 del 20 de abril de 2015 del Ministerio de Salud determinara la vía administrativa para realizar estos procedimientos, en cumplimiento de la sentencia T-970 de la Corte Constitucional, que dio la orden para emitirla.
Durante la charla, también se habló sobre la reglamentación de la eutanasia para niños y adolescentes que, después de varios años, se logró regular el pasado marzo del 2018. Siguiendo a la de adultos que se reglamentó en el 2015, y desde entonces 40 pacientes se han sometido a un procedimiento que se ha topado con el rechazo de algunos sectores conservadores y religiosos.
Para los niños y adolescentes la Corte Constitucional ordenó al Gobierno “hacer efectivo el derecho a morir con dignidad”, y el Ministerio de Salud respondió con una resolución que establece situaciones particulares en distintos rangos de edad, y siempre bajo la condición de que la enfermedad sea terminal y el sufrimiento constante, insoportable y no pueda ser aliviado. Los hospitales deben conformar un comité multidisciplinario para garantizar que se cumplan todas las condiciones.
Además, para este procedimiento, se requiere el consentimiento inequívoco del paciente, y es a partir de los 12 años cuando “el concepto de muerte se consolida como irreversible, universal e inexorable”, sostiene la resolución. Los menores de 6 años quedan excluidos, así como aquellos con discapacidades mentales o trastornos psiquiátricos “que alteren la competencia para entender, razonar y emitir un juicio reflexivo”. Entre los 6 y los 12, solo se podrá practicar en casos excepcionales, mientras entre 12 y 14 prevalece la autonomía del menor, pero será obligatoria la concurrencia de los padres. Y a partir de los 14, solo contará la voluntad del adolescente.
Durante el encuentro, los asistentes expusieron sus perspectivas; algunos señalaron que, en su opinión, ni la ley ni del sistema de salud colombianos están totalmente preparados para enfrentarse al reto de la eutanasia.