El papel del Estado en la regulación de la minería y su incidencia en el medio ambiente

Los Departamentos de Derecho Económico, Derecho Constitucional y Derecho Minero organizaron el evento en el que se discutió sobre la situación en Santurbán y Cajamarca. Varios de los expositores coincidieron en replantear el marco regulatorio de esta actividad.

Durante el seminario de Derecho Internacional y Gobernanza Global “Arbitraje de inversión, medio ambiente y consultas: de Santurbán a Cajamarca” se destacaron dos aspectos novedosos.

Por un lado, la problemática ligada a los siete casos por disputas sobre recursos naturales entre el Estado colombiano e inversionistas extranjeros ante el Sistema Internacional de Arbitraje de Inversiones Inversionista – Estado, fue abordada desde diferentes perspectivas. No solo se trató desde el Derecho Económico Internacional, sino desde otras ópticas, como la del Derecho Constitucional, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el Derecho Ambiental e, incluso, la que ofrecen otras aproximaciones teóricas como las teorías poscoloniales y los estudios socio-jurídicos que tienen un importante componente histórico.

En segundo lugar, se dio una aproximación a los vínculos que existen entre las actividades económicas que han dado lugar a este tipo de demandas con nuestro pasado colonial.

“De acuerdo con lo planteado en estas teorías, algunas categorías como la de la ‘colonialidad’ nos permiten comprender la continuación en el tiempo y la reactualización de ciertas jerarquías coloniales, específicamente mediante la extracción de recursos como el oro que, desde tiempos coloniales, han permitido percibir a lo que hoy constituye el territorio colombiano, como un espacio que puede ser explotado, devastado y reconfigurado de acuerdo con la demanda de los commodities por el comercio internacional, en el que antiguamente eran protagonistas los imperios europeos, y hoy lo son los ‘nuevos’ actores como los Estados del norte global, las compañías mineras transnacionales y los organismos financieros internacionales”, explicó Jimena Sierra de la Universidad del Rosario y conferencista del seminario.

Federico Suárez, docente de la Universidad Externado de Colombia, recomendó un replanteamiento del rumbo que debe asumir el Estado colombiano en materia del derecho de la inversión extranjera. “Por una parte, debe tener una defensa técnica jurídica de alto nivel para refutar correctamente las demandas que enfrenta en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) o en el Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), como la interpuesta por Eco Oro por la debida protección de los páramos en el país, en este caso del páramo de Santurbán”, agregó Suárez.

Los panelistas invitados al evento, entre los que se encontraban Lisa Sachs, de la Universidad de Columbia, N.Y., Marco Velásquez, de la Pontificia Universidad Javeriana y Wilfredo Robayo y Milton Montoya del Externado, mencionaron que los principales retos en nuestro país son los Tratados de Libre Comercio y los Tratados de Protección a las Inversiones, pues hace unos años estos habilitaron a las multinacionales a demandar directamente al Estado cuando sus inversiones se ven afectadas, y el concepto de inversión allí contemplado es excesivamente amplio en favor de las multinacionales, lo cual se torna, correlativamente, en un poder desproporcionado, irracional y arbitrario, contrario a las facultades regulatorias del Estado, y a su propia soberanía.

“Desde el año 2015, Colombia ha sido uno de los países más demandados mundialmente por el arbitraje de inversión prescrito en dichos instrumentos. Y no sólo es el número de casos, sino la cuantía de las mismos”, apuntó Jimena Sierra.

Por su parte, Federico Suárez, docente del Externado, mencionó que estos tratados están desafiando los propios postulados del Estado Social de Derecho respecto a presupuestos como la autonomía e independencia judicial, la prevalencia de los derechos humanos, la protección del ambiente y de la salud humana, la debida explotación de los recursos naturales, entre otros.