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Una mirada desde el derecho de la organización administrativa a la propuesta de Intervenir a la CREG
Expertos(as) discutieron en el Externado la controvertida propuesta de reasumir las facultades regulatorias “delegadas” por el Presidente de la República a la CREG.
Con el anuncio que hizo el presidente Gustavo Petro sobre la posibilidad de hacer una intervención a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), ante el fuerte incremento que se está registrando en las tarifas de energía eléctrica en el país, se han generado una serie de debates.
En un encuentro organizado por el Departamento de Derecho Adminisitrativo, los expertos(as) Carmenza Chahín, ex comisionada de la CREG; Ricardo Felipe Herrera, consultor público y privado en materia de servicios públicos domiciliarios, y Carlos Alberto Atehortúa, asesor, docente e investigador de nuestra Universidad, bajo la moderación del Profesor Héctor Santaella Quintero, debatieron sobre las razones e implicaciones para el Derecho de Organización en Colombia de la controvertida propuesta gubernamental.
Carmenza Chahín aseguró que frente a la comisión de regulación hay una cierta molestia frente a los nombramientos de los expertos que se hicieron en el gobierno anterior, asegurando que los perfiles no se deben dejar capturar por las empresas privadas y por los gobiernos.
“Si son capturados los reguladores por la empresa privada, pues naturalmente la regulación va a tener sesgos que favorecen a las empresas y si se dejan capturar por el gobierno nos pueden llevar a situaciones complicadas, donde por favorecer a los usuarios no le estamos dando los recursos suficientes a las empresas para que se hagan las inversiones que mejoren la calidad en la prestación del servicio. Por eso, se debe estructurar de una manera diferente”, dijo Chaín.
Frente a la idea del Gobierno de intervenir la CREG con el fin de contener los aumentos tarifarios y dar cumplimiento a los principios del régimen, Chahín comentó que el objetivo no es que un gobierno quiera que se suba la tarifa y otro quiera que se baje, sino garantizar es la transparencia y la calidad de la toma de decisiones.
“Uno no debe decir que las tarifas deben bajar o subir, sino que las tarifas deben estar bien estructuras y ser justas en términos económicos, de eficiencias y de tratar de minimizar los costos de prestación de servicio. Además, otra preocupación es a quién le rinde cuentas la comisión de regulación, en la practica no le rinde cuentas a nadie”.
Por su parte, Carlos Alberto Atehortúa, aseguró que hay que “asegurar la arquitectura constitucional respecto a la posibilidad de ejercer funciones por delegación Presidencial. Además, apoyo la iniciativa de hacer una regulación más orientada a la protección de los capitales, es decir, que el tema del servicio universal debería ser el norte de la labora regulatoria en servicios públicos”
Finalmente, Ricardo Felipe Herrera, confirmó que la solución la tiene el presidente y el equipo de gobierno de turno. porque deben definir políticas. “La CREG es una entidad seria y técnica, pero no autónoma e independiente. Al final el presidente será quien responda por aciertos y desaciertos en esta área”.