Violación a los derechos humanos en El Salvador: una mirada desde la academia y las organizaciones civiles

El Departamento de Derecho Constitucional y el Observatorio Interamericano de Derechos Humanos de nuestra Casa de Estudios invitaron a importantes expertas(os) nacionales e internacionales para analizar el Estado de Derecho y los Derechos Humanos en El Salvador bajo la presidencia de Nayib Bukele.

El Seminario contó con la participación de Leonor Arteaga Rubio, directora del Programa Impunidad y Graves Violaciones de Derechos Humanos de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF); Juan Pappier, subdirector en funciones de la División de las Américas de Human Rights Watch; Rodrigo Uprimny Yepes, miembro del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU; y María Clara Galvis Patiño, docente investigadora del Departamento de Derecho Constitucional y experta en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Sistemas de Protección Internacional de Derechos Humanos.

Durante el encuentro, Juan Pappier presentó los hallazgos del informe ‘Podemos detener a quien queramos’, en el que se registran violaciones generalizadas de derechos humanos durante el “régimen de excepción” en El Salvador. El documento, realizado en conjunto por Human Rights Watch y Cristosal, se titula de esta manera porque esa fue la frase que un miembro de la policía de El Salvador le dijo a la madre de un niño que había sido detenido. Con base en más de 1.100 entrevistas, en el informe se documentan numerosos casos de detenciones arbitrarias, tortura y desapariciones forzadas.

“Registramos detenciones de personas que son acusadas de ser miembros de las pandillas pero que no tienen ninguna conexión con estos grupos criminales, son personas en general de barrios humildes de El Salvador que son detenidas de forma masiva por la Policía, quienes hacen estas detenciones porque tienen que cumplir un determinado número de detenciones para reportar a su jefe. Quienes pagan el costo de esto son las personas más humildes de El Salvador”, afirmó Pappier.

Para Leonor Arteaga, desde la toma de la presidencia, Nayib Bukele presentó señales de advertencia, y destacó algunos hechos que encendieron las alertas a nivel nacional e internacional: la toma por la fuerza del Congreso, acompañado de militares y policías; y las elecciones de marzo de 2021 en las que el partido ‘Nuevas Ideas’, creado por él, ganó la mayoría absoluta en el Congreso: “eso significaba que a partir de ese momento el Presidente podía pasar cualquier tipo de ley sin negociar con otras fuerzas políticas. El día que inicia el primer acto de este nuevo Congreso destituyeron de manera ilegal a la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general, y nombra a nuevos funcionarios para ocupar estos cargos sin cumplir con los requisitos de Ley”.

Pero esos hechos no han sido los únicos que han llamado la atención sobre lo que pasa al interior de El Salvador: el hostigamiento hacia la prensa y las organizaciones civiles por parte del mandatario han sido protagonistas durante su presidencia.

“El presidente ha redefinido en El Salvador lo que significa el concepto de participación ciudadana. Ha sido insistente en tratar de mostrar a la ciudadanía que las organizaciones de Derechos Humanos no sirven para nada, que son una especie de parásito social y que están en contra del gobierno y si están en contra del gobierno están en contra de la población”, concluyó Arteaga.

Rodrigo Uprimny Yepes afirmó que frente a este tema hay múltiples desafíos, principalmente porque existen muchos riesgos al eliminarse los controles del Estado: “se debe mostrar la posibilidad de conductas alternativas dentro del marco del Estado de Derecho, es decir, que dentro del marco del Estado de Derecho es posible reducir significativamente la inseguridad y enfrentar las organizaciones criminales”.

La profesora María Clara Galvis Patiño concluyó que las graves violaciones a los Derechos Humanos que se están cometiendo en El Salvador pueden empezarse a interpretar como parte “de un ataque contra la población civil que es generalizado y sistemático e indiscriminado, porque las detenciones son discriminatorias, es decir, por edad, por razones socioeconómicas, por la apariencia física, por el lugar donde vive una persona”.