XXII Jornadas Internacionales en Derecho del Medio Ambiente

Un examen pormenorizado del Acuerdo de Escazú, suscrito por Colombia, y de los desafíos que de este se derivan, tuvo lugar durante las jornadas, entre otras discusiones fundamentales para el sector ambiental del país.

Los días 14, 15 y 16 de octubre se llevaron a cabo las XXII Jornadas Internacionales en Derecho del Medio Ambiente “Información, participación y justicia ambiental: herramientas para alcanzar el desarrollo sostenible y la democracia ambiental”, un espacio organizado por el Departamento de Derecho del Medio Ambiente del Externado con el apoyo de entidades como el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Parques Nacionales Naturales de Colombia, el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI, Gran Colombia Gold, el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico (IIAP), EPM y las Corporaciones Autónomas Regionales.

Este año, las Jornadas se desarrollaron en cuatro sesiones:

Sesión I: Elementos centrales para abordar la información, participación y acceso a la justicia.

Sesión II: Información ambiental.

Sesión III: Participación ambiental.

Sesión IV: Justicia ambiental.

El evento se inició con las palabras de Juan Carlos Henao, rector del Externado, quien ofreció una calurosa bienvenida y agradeció a todos los participantes por su asistencia a las Jornadas.

Enseguida, Jorge Iván Hurtado, subdirector de Educación y Participación Ciudadana del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, afirmó que para esta entidad son de suma importancia los contenidos y temas de participación ciudadana, así como la comunicación y el relacionamiento directo con las comunidades, por lo que en el 2018 se crearon los centros regionales de dialogo ambiental, los cuales pretender ser un catalizador y un escenario para prevenir los conflictos socio ambientales.

Finalmente, para iniciar la primera sesión de las Jornadas, María del Pilar García, directora del Departamento de Derecho del Medio Ambiente, resaltó la necesidad de fortalecer el derecho ambiental, para que este actúe como un protector efectivo de la naturaleza.

La primera sesión, “Elementos centrales para abordar la información, participación y acceso a la justicia”, inició con la ponencia “Un análisis al Acuerdo de Escazú, enfocado a los tres derechos y a los estándares. Una mirada al convenio de Aarhus”, a cargo de Luis Felipe Guzmán, profesor de la Universidad Externado de Colombia, quien destacó los aspectos centrales del Acuerdo de Escazú, entre los que se encuentran:

• El vínculo entre los derechos humanos y la protección del medio ambiente.
• La expresión clara y concreta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la agenda de 2030.
• La interrelación e interconexión de los derechos de acceso.
• Ser el primer instrumento regional que ofrece estándares de protección a los defensores ambientales.

Asimismo, Guzmán destacó que, a pesar de que Colombia ya firmó este acuerdo, ahora debe ratificarlo para “empezar su implementación, y así desarrollar una gestión pública moderna, basada en la transparencia, la rendición de cuentas, la interlocución continua con la ciudadanía y la generación de confianza”.

En una nueva intervención, Jorge Iván Hurtado, del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, hizo referencia a “Participación, acceso a la información y a la Justicia en Colombia”, con la que concluyó que “la participación en la gestión ambiental es un eje transversal y estratégico que permite concretar los postulados del Estado Social de Derecho y la democracia participativa sobre lo que reposa la Constitución Política de 1991”.

Durante la segunda sesión, “Información ambiental”, tuvo lugar el panel “Avances y Dificultades en el manejo, construcción y socialización de la información ambiental en el país”, moderado por la directora María del Pilar García, con la participación de expertos como Hernando García Martínez, director del Instituto Humboldt; Yolanda González Hernández, directora del IDEAM; Luz Marina Mantilla, directora del SINCHI; William Klinger Brahan, Director del IIAP y Francisco Arias, director del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (INVEMAR).

Durante este panel, Yolanda González identificó como una oportunidad de mejora en los procesos de gestión de la información el “identificar las necesidades, los requerimientos y caracterizar a los usuarios para robustecer el buen flujo y divulgación de la información, así como generar información coherente, transparente, oportuna, pertinente, continua e interoperable, a partir del proceso de planeación y la asignación de recursos financieros de las entidades del Estado”.

Entre tanto, Luz Marina Mantilla destacó que la “información cumple un rol muy importante dentro de las políticas públicas” y recalcó la importancia de seguir avanzando “en el tema de la consecución de la información” y la necesidad de que los ciudadanos entiendan la Ley 99 como lo que realmente es: “una descentralización de actores, del sistema mismo, y una oportunidad para tener una información que sea ‘interoperaria’”

En la sesión III, “Participación ambiental”, Álvaro Hernando Cardona, magíster en Derecho de los Recursos Naturales, participó con su ponencia “Participación de terceros en el trámite de concesiones y reglamentaciones de agua”, y destacó que, la participación es importante porque puede: “suministrar información sobre la fuente hídrica; hay mayor control sobre la veracidad de la información suministrada por los peticionarios; puede contribuir con una mejor distribución de repartos y potencializa la mejor protección del recurso ambiental”, asimismo, resaltó las ventajas de la reglamentación: “asegura mayor información; hay mayor divulgación del procedimiento; más oportunidades de intervención ciudadana y es un instrumento que ayuda a prevenir  conflictos”.

Durante esta sesión, también expusieron sus ponencias Gloria Amparo Rodríguez, magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz; el líder Cayetano Torres Izquierdo, autoridad del pueblo Arhuaco y Lisneider Hinestroza, docente de la Universidad Externado de Colombia, entre otros expertos.

Durante la sesión IV, “Justicia ambiental”, tuvo lugar el panel “Las altas cortes colombianas y su rol en búsqueda de la justicia ambiental”, moderado por el profesor Humberto Sierra Porto, Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en el que participaron Antonio José Lizarazo Ocampo, magistrado de la Corte Constitucional; Roberto Serrato Valdés, magistrado del Consejo de Estado y Luis Armando Tolosa, magistrado de la Corte Suprema de Justicia.

Humberto Sierra destacó que los derechos medio ambientales han sido caracterizados por los constitucionalistas como derechos de tercera o última generación, pues no sob atribuibles solo a una persona, sino que también pertenecen a un grupo social, por ende son derechos nacionales, que terminan siendo globales: “en este sentido las discusiones son sobre la legitimidad de quiénes son los titulares de este tipo de derechos, frente a quiénes se pueden oponer (ciudadanos, grupos sociales), con el elemento central de que el objetivo, la razón de ser de estos derechos, es la preservación de la especie”.

En el panel se analizaron diversos casos de conflictos ambientales en los que las diferentes Cortes y el Consejo de Estado tuvieron que intervenir, por ejemplo, la contaminación en la bahía de Cartagena y la acción popular que interpuso Fedepesca en Chocó, buscando frenar la sobrepesca industrial, la cual genera graves impactos en el medio ambiente.

Durante esta sesión también participaron expertos internacionales como: Michael Hantke Domas, exministro del Tercer Tribunal Ambiental de Chile, quien expuso su ponencia “Justicia ambiental en sede judicial (organización y competencia judicial para resolver conflictos ambientales)”, y Jesús Jordano Fraga, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla, con su presentación “Acceso a la justicia contencioso administrativa en materia ambiental”.

Al  clausurar las XXII Jornadas Internacionales en derecho del Medio Ambiente, María del Pilar García afirmó que se había cumplido con la misión de este espacio, pues se logró hacer un estudio al Acuerdo de Escazú y a lo que viene para Colombia frente a este tema; se analizó el estado de información ambiental en el país de la mano de los institutos de investigación más importantes; se examinaron los temas de participación y se pudo abordar el de justicia ambiental.

Para la doctora García este “fue un evento muy externadista, es el reflejo de lo que somos en el Externado, una universidad sin lineamientos que pretendan adoctrinar a nadie; les permitimos a los asistentes mirar las diferentes posiciones que los expertos tienen sobre el tema de participación y justicia ambiental”.