La migración venezolana: un recurso en la lucha contra la COVID-19

Colombia ha tenido problemas para responder a la crisis migratoria. Ahora se presenta una oportunidad: con su ayuda se puede combatir la crisis sanitaria.

El manejo de la migración venezolana ha sido un dolor de cabeza para las autoridades colombianas. Y este hecho se ha agudizado con la pandemia de la COVID-19.

Hoy el desafío es mayor y exige acciones inmediatas. Una solución en particular ayudaría a los migrantes y a los colombianos: los médicos venezolanos.

Desde el comienzo de esa migración en 2017 se advirtió la necesidad de aumentar el gasto público como respuesta, en especial, al detrimento previsible del sector salud y del orden público en territorio colombiano.

Los Gobiernos locales no tienen la capacidad de atender este escenario por sí mismos

En repetidas ocasiones los gobiernos locales denunciaron la falta de recursos para hacer frente a ese fenómeno.

En el primer trimestre del 2019, el comité consultivo dio margen para flexibilizar la regla fiscal atendiendo a esta realidad y, sin embargo, el gobierno siguió insistiendo en la austeridad.

Hoy es inaceptable persistir en esta idea, ¡hay que gastar más! La Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo) ha rebajado su pronóstico de crecimiento, del 3,5% al 1,2% para este año.

Los migrantes, población vulnerable

Aunque los costos de la crisis son muy altos para el grueso de la población, los migrantes sin recursos seguramente van a figurar entre los más afectados:

Primero porque los migrantes están más expuestos al contagio y a la transmisión de enfermedades, debido a las condiciones de hacinamiento en que viven y se transportan.
Segundo, porque los migrantes tienen un acceso limitado a los servicios de salud, por razones financieras y jurídicas.
Tercero, porque de acuerdo con el DANE, el 90% de esos migrantes trabajan en el sector informal. Por si fuera poco, el 19,2% de los 773.000 venezolanos que ingresaron al país el año pasado está desempleado.

Estas tres condiciones hacen que la población migrante tenga menos margen de maniobra para sobrellevar la pandemia. Varios dirigentes de organizaciones de derechos humanos afirman que las principales preocupaciones son la salud y la incertidumbre con respecto de los recursos para suplir sus necesidades básicas.

Medidas insuficientes o dañinas

El Gobierno Nacional y las organizaciones internacionales han emprendido algunas acciones para atender a los migrantes.

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha habilitado treinta líneas telefónicas para brindar información sobre derechos y rutas de protección y atención en salud.

Adicionalmente, la Embajada de Venezuela en Colombia habilitó un canal de comunicación exclusivo para aclarar las dudas ocasionadas por las complicaciones de la COVID-19. Estas iniciativas buscan cerrar las brechas de información para los migrantes, facilitando la integración y la atención de la emergencia.

Sin embargo, la situación en la frontera es la más delicada.

El 17 de marzo el Gobierno decretó el cierre de las fronteras terrestres. A partir de este día se han presentado varias denuncias de agresiones y persecuciones de venezolanos por parte de las autoridades locales. Las denuncias se refieren a la prohibición del ingreso y además a violaciones de la integridad de los migrantes que ya se encuentran en territorio colombiano.

El decreto 0032 de la alcaldía de Pamplona, Norte de Santander, prohibió el ingreso y la permanencia de venezolanos en situación irregular dentro del municipio. Además, permitió a las autoridades la suspensión temporal de cuatro albergues que allí operaban.

La medida fue tomada tras una inspección del Departamento de Salud donde se concluyó que los establecimientos no contaban con el espacio suficiente para que una distancia de un metro entre cada persona, ni se contaba con baños y lavamanos en buen estado.

Esta medida también fue tomada en Cúcuta, donde se optó por cerrar dos comedores que atendían entre 4.000 y 5.000 migrantes venezolanos con almuerzos diarios por no contar con las condiciones sanitarias necesarias y por promover las aglomeraciones de personas.

Sin embargo, las autoridades locales han tomado medidas para mitigar los efectos negativos de estas políticas. El secretario de frontera de Cúcuta informó que en respuesta al cierre de los comedores, se habilitó la entrega de dinero en efectivo para que los migrantes se abastecieran personalmente.

Además se entregaron algunos mercados a través del Programa Mundial de Alimentos. Respecto de los albergues: 87 personas fueron acompañadas en su regreso a Táchira, Venezuela, y las demás están recibiendo ayuda humanitaria.

Si bien estas medidas disminuyen los costos de cerrar parte de la red de atención a migrantes, no existe claridad sobre su continuidad. Representan medidas de corto plazo y no un plan que solucione esta situación.

7.500 médicos venezolanos en el país, que podrían ser una solución.

Tampoco existe claridad sobre cómo se incorporarán los migrantes que siguen llegando al país a pesar del cierre de la frontera.

Los Gobiernos locales no tienen la capacidad de atender este escenario por sí mismos. El secretario de frontera de Cúcuta explicó que carecen de la capacidad logística y financiera para enfrentar todos los problemas al mismo tiempo, y tiene razón. Se necesita de la cooperación del Gobierno, de las empresas y de la comunidad internacional, como afirmó Felipe Muñoz, gerente de frontera.

Una solución: los médicos y enfermeras venezonalos

Pero los migrantes también pueden ayudarnos a enfrentar la pandemia, también pueden ayudar a superarla. Específicamente en el sector salud, dado el déficit de profesionales para atender la emergencia.

La senadora Juanita Goebertus informó que existen 7.500 médicos venezolanos dentro del país. Colombia podría seguir el ejemplo de España, donde se aceleró la convalidación de títulos de médicos venezolanos, aliviando la presión sobre el sistema de la salud.

El Gobierno Nacional ya está tomando medidas en esta dirección. El Presidente Duque anunció la semana pasada un decreto para que “médicos y otros especialistas de la salud que se han formado en el exterior puedan aportar su conocimiento al país”.

De concretarse la propuesta, los médicos venezolanos podrían ser parte de la solución a esta crisis sin precedentes. Además, permitiría que varios migrantes calificados salgan del subempleo y aporten al máximo su conocimiento y trabajo para el crecimiento del país.

Por Federico Corredor y Julio Daly
Investigadores de la Facultad de Economía

*Este artículo hace parte de la alianza entre Razón Pública y la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia.