El Covid-19 como oportunidad de cambio ante la crisis perpetua de la educación en Colombia
Por Valentina Moreno López
Incluso antes de la llegada del coronavirus, la existencia de una crisis de aprendizaje a nivel mundial era innegable. El Banco mundial en su articulo titulado “Poner fin a la pobreza de aprendizajes: Una meta para incentivar la alfabetización” publicado en noviembre del 2019, asegura que esta crisis de aprendizaje amenaza la posibilidad de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y trunca los esfuerzos globales por desarrollar el capital humano.
La tasa de pobreza de aprendizaje es el nuevo concepto que introduce el Banco Central con el fin de dar mayor claridad sobre la dimensión y gravedad de la crisis. Este indicador se creó a partir de datos recolectados en conjunto con el Instituto de Estadística de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y explica la incapacidad leer y comprender un relato simple a los 10 años. La tasa de pobreza de aprendizaje agrupa indicadores de escolaridad y aprendizaje tales como: el porcentaje de niños que no han logrado adquirir una competencia mínima en lectura (medido en los colegios) ajustado por el porcentaje de niños que no asisten a la escuela (y que se supone que no leen correctamente).
La pandemia está cambiando instantáneamente la forma en que se imparte la educación, ya que hoy en día el derecho a la educación está completamente ligado con el derecho a la conectividad. Según los datos recolectados por la UNESCO y el Banco mundial, el 53 % de los niños de países de ingreso bajo y mediano se ven afectados por la pobreza de aprendizajes y los avances en la reducción de esta son demasiado lentos para satisfacer las aspiraciones establecidas en el ODS 4 —garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad. Lo más preocupante es que si el ritmo actual continua su rumbo, en 2030 un 43 % de los niños seguirá sin aprender lo suficiente.
Si bien en Colombia las garantías de acceso a la educación aumentaron significativamente, teniendo en cuenta que la tasa de cobertura bruta para el grado de transición aumentó de 75,7% en 2002 a 90,1% en 2010; mientras que la cobertura bruta de la educación primaria pasó de 114,1% a 119,8% entre esos mismos años. Además, en este período se consiguió universalizar la educación secundaria, al lograr que la tasa de cobertura bruta pasara de 79,4% en 2002 a 105,1% en 2010, mientras que en educación media la cobertura bruta aumentó de 57,4% a 79,4%. Con respecto a la educación superior se registró un aumento de 11,1%, ya que la tasa de cobertura bruta era de 24,4% en 2002 y para 2009 la cifra se incrementó a 35,5.
No es un secreto que la calidad educativa no ha avanzado en la misma medida que la cobertura. Según el artículo publicado por el periódico digital de la Universidad Nacional de Colombia, bajo la autoría del profesor Francisco Ortega de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNAL (julio de 2020), “la crisis de la educación pública contemporánea siempre ha existido y en ella el Estado no ha tenido elementos para crear un sistema de educación pública”. Resalta además que a pesar de la falta de recursos en el país se logró crear un sistema educativo lo suficientemente significativo para que tuviera una cobertura casi nacional, y que ese momento de hace 200 años debe ser el espejo en el cual el país se debe mirar hoy, para entender que todavía en Colombia sigue sin haber un sistema y una cobertura educativa de calidad, pública y de orden nacional.
En una situación sin precedentes como la actual, estos problemas podrían llegar a ser mucho más graves si no se toman las medidas adecuadas para contrarrestar el efecto del coronavirus y construir una sociedad más resiliente.
Educación en Colombia antes del Covid-19
Indudablemente, durante los últimos años Colombia ha avanzado notoriamente en la meta de garantizar el acceso a la educación, teniendo en cuenta que la cobertura neta en educación media pasó de 62% a 72% durante el período 2005-2018.
Por medio de aumentos en el gasto público en educación (en el 2018 el gasto en educación incremento en un 5,8% con respecto al presupuesto que se tenía en 2017) se han implementado programas como: Familias en Acción, que con transferencias condicionales promueve la asistencia y permanencia escolar; la Ley 1294 de 2009 asegura la prestación de servicios educativos por parte de entidades privadas cuando la oferta pública de educación básica-media es insuficiente; el esquema de Colegios en Concesión; el Decreto 4807 de 2011 que establece la gratuidad educativa para los estudiantes en los niveles de educación preescolar, básica y media y programas de acceso a educación superior como “Ser Pilo Paga” y “Generación E”. Estos programas han contribuido a alcanzar numerosos objetivos en materia de educación entre el 2002 y 2010, los más relevantes han sido: aumento de la cobertura en educación, disminución en la deserción escolar y universitaria, mayor atención educativa para poblaciones vulnerables, la construcción de aulas y la selección y evaluación de docentes.
A pesar de las mejoras en cobertura, Colombia aún enfrenta grandes retos en materia de calidad educativa, tal como lo muestra el desempeño del país en las pruebas PISA (Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes) durante 2006-2018. Las cifras evidencian un estancamiento en los últimos 10 años teniendo en cuenta que los resultados nacionales en comprensión lectora, ciencias y matemáticas están muy por debajo del promedio de la OCDE e incluso con el promedio de América Latina.
Estos puntajes evidencian los problemas del modelo educativo presente en los colegios públicos y privados a nivel nacional. De acuerdo con Julián de Zubiría en un artículo publicado por El Espectador (diciembre 2019), el problema se agrava al tener en cuenta que “Colombia desde siempre ha estado entre los últimos en la calidad de la educación en el mundo», de hecho, según este experto, el retroceso hoy frente a la comprensión lectora es grave, tanto así que volvimos a los resultados obtenidos hace una década. Esta realidad desalentadora evidencia la imperiosa necesidad de identificar las falencias en el funcionamiento del sistema educativo colombiano y tomar medidas cuanto antes.
Al respecto, Andreas Schleicher, director de Educación y Competencias de la OCDE afirma en un artículo publicado por el diario El Espectador en 2016, “a medida que Colombia se incorpore a la economía global, su éxito educativo se medirá por un progreso de los estándares nacionales que permita que el desempeño de los niños colombianos iguale al de sus pares de todo el mundo (…) este desafío exigirá fijar ambiciosos estándares comunes de aprendizaje, priorizar el acceso a la educación preescolar de los más desfavorecidos y capacitar a los profesores para que lideren esta transformación”, siendo esta ultima la política que podría tener un mayor impacto sobre el desempeño estudiantil, este experto recomienda garantizar a los docentes oportunidades de formación, evaluaciones eficaces y estructuras adecuadas de remuneración y progresión profesional. Simultáneamente, asignar más recursos a la educación preescolar y básica para mejorar el promedio, en otras palabras, reconocer la indispensable labor que cumple este oficio dentro del desarrollo social y económico de un país transformara notablemente la calidad educativa en Colombia.
Por otra parte, si se quiere que un mayor número de niños tengan acceso a una educación de calidad es importante resaltar la existencia de diversos factores que influyen en las tasas de inasistencia a los colegios, algunos de estos son: la violencia, los conflictos armados, la pobreza y las presiones por entrar al mercado laboral. La segregación social entre ricos y pobres afecta significativamente la calidad educativa que reciben los estudiantes y el modelo educativo colombiano perpetua la inequidad y la exclusión, favoreciendo la educación privada sobre la publica en todos los niveles de formación.
La pandemia resalta problemas persistentes en el sistema educativo
El coronavirus ya ha tenido un enorme impacto en la educación con el cierre de los colegios en casi todos los lugares del planeta, esta es sin duda la crisis simultanea más significativa a nivel educativo hasta el momento. Sin embargo, el impacto ha sido mayor a medida que los coletazos de la emergencia sanitaria se han trasladado al funcionamiento económico.
El mayor impacto será sobre el aprendizaje, ya que es muy probable que aumenten las deserciones escolares, especialmente entre las personas con ingresos más bajos. La inequidad en el aprendizaje aumentará, dado que solo los estudiantes de familias favorecidas tendrán el apoyo suficiente para seguir aprendiendo desde su casa. Además, considerando las presiones económicas sobre los hogares es posible que muchos padres cambien a sus hijos de escuelas privadas a públicas, lo que sobrecarga los sistemas públicos y reduce su calidad.
Dado el probable aumento en la pobreza de aprendizajes, esta crisis podría impedirle a toda una generación hacer realidad su verdadero potencial. Aquellos estudiantes que deban abandonar el colegio o que experimenten reducciones significativas en su aprendizaje tendrán menores niveles de productividad y de ingresos a lo largo de toda su vida, si esto sucede, la brecha en los niveles de competencia entre los que están en la cima de la pirámide social y los que están en la base será cada vez mayor.
Los desafíos fiscales acentúan los digitales. El gobierno debe actuar de forma rápida y eficiente con el fin de asegurar la cobertura tecnológica necesaria para disminuir la brecha de acceso a la educación por falta de recursos y prevenir efectos negativos en materia de desarrollo social tanto en el corto como en el largo plazo.
De acuerdo con la ONU, en el artículo titulado “El impacto del COVID-19 en la educación podría desperdiciar un gran potencial humano y revertir décadas de progreso” publicado en agosto del presente año, es primordial actuar en cuatro aspectos: primero, reabrir los colegios de manera segura en cuanto se logre controlar la transmisión del virus, tomando en cuenta a todos los actores implicados, incluidos los padres de familia y los trabajadores del sector de la salud. Segundo, dar prioridad a la educación en las decisiones presupuestales, ya que “es fundamental que la educación esté en el centro de los esfuerzos internacionales de solidaridad, desde la gestión de la deuda y las medidas de estímulo a los llamamientos humanitarios mundiales y la asistencia oficial para el desarrollo”. Tercero, hay que asegurar que las iniciativas de educación lleguen a quienes corren mayor riesgo de quedarse atrás, como las personas en situaciones de emergencia o crisis, los grupos minoritarios, los desplazados y las personas con discapacidades. Por último, dar un salto hacia sistemas progresistas que impartan educación de calidad para todos como una vía para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible, esto a través de inversiones en la alfabetización y la infraestructura digitales, además del reforzamiento de los vínculos entre los sectores formal e informal de la educación.