La academia analiza la postura de Colombia frente a la protección de su patrimonio cultural subacuático.

La Facultad de Estudios del Patrimonio Cultural y el Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia desarrollaron un foro internacional para analizar la pertinencia de una posible ratificación de Colombia a la Convención de Unesco para la protección del patrimonio cultural subacuático (2001).

Durante la instalación del evento, denominado ‘Colombia y la Convención de Unesco para la protección del patrimonio cultural subacuático (2001): ¿Oportunidad o riesgo para el país?’, el rector de la Universidad, Hernando Parra Nieto, recordó que la Convención aborda temas variados en torno a “la protección de los elementos arqueológicos sumergidos o semisumergidos en el océano, merced a la particular relevancia que estos ostentan en la memoria de los distintos pueblos y naciones”.

Esta Convención fue promulgada en noviembre de 2001 y Colombia, a pesar de haber sido uno de los Estados que impulsó su creación, no se encuentra entre los países que la han ratificado.

“El infinito océano, dentro del cual están incluidas las costas colombianas, alberga un sinfín de ruinas arqueológicas y pecios de navíos esperando a ser descubiertos. Saber cuál ha de ser su suerte, es una tarea cuyo alcance corresponde definir, entre otros, a los expertos que gentilmente nos acompañan el día de hoy”, afirmó el Rector.

Para analizar este importante tema, la Universidad congregó a expertas(os) nacionales e internacionales quienes, desde sus áreas de estudio, entregaron diferentes reflexiones y perspectivas sobre la conveniencia de que el país adopte este tipo de instrumentos internacionales para proteger su patrimonio subacuático.

El profesor de la Universitat Jaume I (España), Mariano Aznar, realizó una conferencia magistral en la que expuso algunos de los principios básicos de la Convención, entre los que se encuentran (i) la protección del patrimonio cultural en su contexto natural, (ii) el desarrollo de las actividades bajo una regulación científica, (iii) la no comercialización del patrimonio cultural sumergido, (iv) la neutralidad jurídica, (v) la cooperación internacional, entre otros.

Durante el panel de discusión, el profesor de la Universidad Externado de Colombia y experto en Derecho Internacional público, Eric Tremolada, afirmó que, a su parecer, la Convención es una oportunidad directa para que los países encuentren herramientas para conservar y proteger su patrimonio cultural sumergido, y agregó que algunas narrativas demuestran que en Colombia muchas personas ven el Galeón San José como un tesoro y eso se evidencia en la medida en que en los últimos tres gobiernos hay una estrategia de monetización alrededor de la embarcación.

En ello coincidió Francisco Muñoz Atuesta, veedor nacional del Patrimonio Cultural Sumergido, quien afirmó que la sociedad colombiana culturalmente carece de un sentimiento de propiedad de los bienes subacuáticos y reiteró que la Convención “debe verse como un instrumento internacional para la correcta gestión del patrimonio cultural sumergido”.

Para el director de la Maestría en Derecho Internacional del Externado, Wilfredo Robayo, el Estado colombiano no puede carecer de una política pública que se ocupe de este tema y concluyó que el país debe iniciar dos discusiones: “mirar hacia el derecho internacional del mar y mirar hacia la Convención de patrimonio cultural subacuático”.

Desde otra perspectiva, Ingrid Frederick, conservadora y restauradora egresada de nuestra Casa de Estudios y actualmente directora del Museo Universitario de la Universidad del Rosario, señaló que Colombia, además de ser miembro de Unesco, ha suscrito y ratificado otras convenciones que protegen el patrimonio cultural: «estos instrumentos deben ser vistos como herramientas complementarias desde las cuáles se puede proteger el patrimonio cultural de manera integral».

Al foro también asistió el abogado Juan Manuel Vargas, exjefe jurídico del Ministerio de Cultura y coautor de la Ley 1675 de 2013 o ley de Patrimonio Sumergido, quien señaló que la legislación interna actualmente vigente es suficiente para la protección del patrimonio cultural sumergido, siendo la posibilidad de comercialización de elementos no considerados patrimonio cultural, el tema más polémico y que lo aleja de los principios de la Convención.

Desde Barranquilla, el profesor de Derecho de la Universidad del Atlántico, Roberto Lastra, planteó, entre otras cuestiones, la imperativa necesidad de superar el excesivo secretismo con el que, desde los gobiernos, se manejan los temas relativos al patrimonio cultural subacuático, lo cual es el resultado de la ausencia de una política de Estado sobre la materia.

Con matices entre las distintas posturas, la mayoría de los expertos coincidieron en la importancia de esta discusión para el país y en la conveniencia de la suscripción de la Convención.