Webinar: ‘Retos oportunidades para la implementación del Acuerdo de Escazú en Colombia’

El Departamento de Derecho del Medio Ambiente de la Universidad Externado de Colombia, invita a participar en este evento, donde se abordarán con varios expertos internacionales, los asuntos más relevantes del acuerdo y los retos que impone su ratificación.

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El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú, entró en vigor el 22 de abril de 2021.

Es un instrumento regional de gran importancia jurídica en materia de información, participación ciudadana, acceso a la justicia y protección de defensores de derechos humanos en materia ambiental. Hasta la fecha el Acuerdo de Escazú ha sido ratificado por Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, Uruguay, Chile y ahora, Colombia. De esta manera, Colombia hace parte de los países que ratifican el primer instrumento ambiental de América Latina y el Caribe, y el único en su tipo a nivel global en consagrar estándares de protección para los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales.

El objetivo del Acuerdo de Escazú se encuentra descrito en el artículo 1 y tiene dos grandes dimensiones: la primera es garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe y la segunda, la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, en el marco del derecho a un ambiente sano y el desarrollo sostenible.

Colombia es el país número 14 en ratificar el Acuerdo de Escazú, entre los 24 que lo firmaron. Después de un largo proceso de discusión parlamentaria en las dos cámaras fue aprobado el día 11 de octubre. Luego del trámite de aprobación cerrado en el Congreso de la República, el proyecto de ley deberá surtir el proceso de control por parte de la Corte Constitucional. Posteriormente, el Ejecutivo deberá sancionar la ley y depositar el instrumento internacional. Colombia es uno de los países con mayor riesgo para la defensa de derechos humanos en materia ambiental. Los conflictos ambientales son una realidad significativa que crecen de manera exponencial en los territorios, y, por ende, representan un gran reto para el nuevo gobierno y por supuesto para el parlamento en el cuatrienio constitucional que avanza, y es buscar fórmulas de arreglo para garantizar información ambiental, participación ciudadana, justicia ambiental y garantías para la defensa de derechos humanos en materia ambiental. Es hora de hablar de democracia ambiental, sociedad civil informada y fortalecida en sus capacidades, institucionalidad fuerte, empresa privada responsable en tiempos de pos acuerdo, paz ambiental y de Escazú.