Con éxito culminó la primera versión de las Jornadas de Sociología Jurídica del Externado
El encuentro realizado por el Instituto de Estudios Interdisciplinarios Richard Tovar Cárdenas debatió el uso y la aplicación práctica de la sociología en el derecho, frente a retos relacionados a la Inteligencia Artificial, la corrupción, la justicia transicional, entre otros temas.
Con la participación de más de 350 asistentes de forma presencial y virtual se llevó acabo del 12 al 13 la I Jornada de Sociología Jurídica, con un panel de lujo conformado por Gonzalo Cataño, investigador emérito reconocido por Colciencias; Vicenzo Ferrari, jurista y sociólogo italiano; Carolina Vergel, docente de nuestra Casa de Estudios; Laura Noemí Lora, investigadora de la Universidad de Buenos Aires y Camilo Umaña, viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa.
En la instalación, la decana de la Facultad de Derecho del Externado, la Dra. Emilssen González de Cancino aseguró que el vínculo entre sociología y derecho ha sido cultivado de antaño en el Externado, “permitiendo las(os) estudiantes tengan mejores herramientas para contribuir al progreso cotidiano del derecho y la justicia que es el eje de la misión del jurista verdadero”.
Por su parte, Javier Arias Toro, director del Instituto de Estudios Interdisciplinarios Richard Tovar Cárdenas, mencionó que la sociología jurídica es útil para entender cómo los cambios sociales influyen en el derecho y en las decisiones judiciales. Además, examinar cómo los cambios en la cultura y la sociedad pueden llevar a la reforma del derecho.
“La sociología jurídica es una herramienta poderosa que definitivamente le da una ventaja sobresaliente al abogado. Analizaremos sus aplicaciones prácticas, sus logros, sus aciertos, pero ante todo cómo fue en sus orígenes: su pensamiento y su crítica social”, dijo Arias.
Este campo estudia la relación entre la ley y la sociedad. Por lo tanto, ayuda a comprender cómo las normas y los valores sociales interactúan y se influyen mutuamente. El conocimiento de la sociedad es crucial para comprender y aplicar el derecho de manera efectiva. Además, este campo ofrece una perspectiva crítica sobre la ley y las instituciones jurídicas, permitiendo analizar los factores sociales y políticos que influyen en la creación y aplicación de la ley.
Según Gonzalo Cataño, la sociología lograr afirmarse como ciencia, es una disciplina que tiene marcos de referencias, conceptos e investigación empírica. “Ciencia que no haga investigación concreta deja mucho que desear y pone en cuestión su calificación de ciencia”. Es decir que la sociología jurídica se enfoca en la realización de investigaciones empíricas que permitan comprender las relaciones entre la sociedad y el derecho de manera más precisa y rigurosa.
Por otro lado, la incorporación de la Inteligencia Artificial en el ámbito jurídico presenta desafíos en cuanto a la protección de los derechos fundamentales y la responsabilidad ética y legal de los sistemas de IA. La sociología jurídica debe analizar cómo estas tecnologías impactan en la sociedad y cómo se pueden implementar de manera responsable y justa.
“El punto de encuentro inevitable entre la Inteligencia Artificial y la inteligencia humana hay que evaluarlo en términos de compatibilidad con los derechos fundamentales de los seres humanos. Debemos defender el marco de la inteligencia humana y reivindicar un espacio permanente para ella, hasta que probablemente la AI sea tan refinada que podrá reemplazarnos totalmente”, recalcó Vicenzo Ferrari.
Finalmente, para Carolina Vergel, las mujeres tienen que estar en la producción de tecnología porque si no va ser androcéntrica y patriarcal. Además, una de sus mayores reflexiones es que “la sociología debe pensarse los desafíos metodológicos y aprender del mundo digital, no olvidando las preguntas de carácter ético y jurídico. Definitivamente, toca trabajar por unas ciencias más humanas en el mundo de lo digital”.
En la segunda jornada, Gloria Lee, docente de la Universidad de Singapur, habló sobre la importancia de la reintegración en diferentes países. “En contraste con Colombia, Singapur es muy estéril porque no se tiene el mismo nivel de relacionamiento. Son países diferentes y con antecedentes muy distintos debido al contexto actual”.
“Nosotros tenemos un parque a donde las personas podemos ir a protestar, pero antes de hacerlo toca aplicar para que se nos conceda un permiso. El parque normalmente está vacío y no hay protestas. En este ambiente tan estéril reduce la negociación y la involucración. Es un problema serio en Singapur porque todos somos actores para lograr la reintegración”, agregó Lee.
Sin embargo, la experta aseguró que la sociedad se está moviendo y no se puede asegurar que hayamos llegado al mejor estado de felicidad. “Las personas van a pensar en otras formas de buscar los huecos que el sistema tiene, es un proceso constante y un diálogo constante entre la economía y la sociedad. El enfoque de la reintegración no solo es el estado final, sino cómo podemos mantener esta conversación y que no sea una cristalización total por parte del estado”.
Frente a temas como la corrupción, el experto Héctor Vargas comentó que “podemos encontrarnos en unas sociedades que han sido atomizadas y que no tienen institucionalizados los procesos. Si esto no sucede no vamos a hacer una transformación adecuada para tener unos niveles más bajos de corrupción”.
Además, comentó que hay condicionantes causales de la corrupción en el Estado se operan en tres espacios concatenados a saber.
En el plano individual – axiológico, al operarse un deterioro en la escala de valores de individuos, amparados en la necesidad de lograr otro estilo de vida de menos carencias materiales que legitime su nuevo estatus social; en el plano socio – institucional, por la deficiente concepción y ejecución en los controles jurídicos y administrativos, que favorecen la conversión del patrimonio público en privado; en el plano suprasocial – axiológico, al crearse, en algunos sectores sociales, una falsa conciencia de supervivencia pragmática ante las carencias y necesidades que justifica la corrupción administrativa como mecanismo de solución.