Corrupción que mata
Existe una relación directa y clara entre la corrupción en las empresas de acueducto y las muertes por enfermedades gastrointestinales causadas por la mala calidad del líquido.
Los casos de detrimento al erario en el sector de agua potable se calculan en cerca del billón de pesos entre 2011 y 2015.
El hallazgo está registrado en el estudio “Detrimento al erario en el sector de acueductos y defunciones por enfermedades de origen hídrico: un análisis exploratorio sobre sus vínculos en Colombia, 2001-2015”, elaborado por los investigadores de la Facultad de Economía del Externado Óscar Alfonso, Pedro Ignacio Bernal, Natalia Arroyave Henao y Sandra Milena Coral
Toda forma de corrupción, explican ellos, resulta letal de una u otra manera, por la reducción de recursos para la inversión social y la satisfacción de las necesidades de las personas. Sin embargo, en ningún otro caso como en el de acueductos, se puede demostrar tan claramente esta relación de causalidad.
El artículo aparece en el tomo 2 de la obra “La Corrupción en Colombia” (4 tomos) que acaba de publicar la editorial de la mencionada Universidad, dentro de la colección “Así habla el Externado”, en la que se plasman resultados de investigaciones sobre los temas cruciales del país.
Lo que encontraron los investigadores es una relación directa entre los casos de detrimento al erario en el sector de agua potable (que calculan en cerca del billón de pesos entre 2011 y 2015) y las muertes no fetales por enfermedades intestinales originadas en la mala calidad del agua: infecciones intestinales, enteritis, colitis infecciosa y otras.
El detrimento al erario en este sector es definido por los autores como “la sustracción ilícita de los fondos destinados a la inversión, reposición, mantenimiento y operación de los sistemas de soporte de la provisión del servicio domiciliario del agua potable. Su impacto se traduce en principio en limitaciones para el financiamiento de los programas de expansión del servicio necesarios para su universalización, para la renovación y reposición de las redes, además de los requeridos para el cumplimiento de los estándares mínimos para la prestación del servicio, tales como cobertura, calidad de agua para consumo humano, control de pérdidas en el sistema y continuidad en la prestación”.
Tras elaborar un mapa de la corrupción de los acueductos del país y de describir las modalidades de corrupción en la contratación y en la gestión, el grupo de investigación elabora indicadores de detrimento por municipio, de defunciones no fetales por causa de enfermedades gastrointestinales y del tipo de prestador que opera en cada jurisdicción, entre el 2001 y el 2016.
De los 1.001 municipios colombianos estudiados, 143 tienen alguna historia sobre detrimento en acueductos. Y es allí, justamente, donde las defunciones no fetales por gastroenteritis son más elevadas.
De manera sorprendente, varias de las grandes metrópolis colombianas, junto con algunas poblaciones más pequeñas están en el top 20 del detrimento en acueductos del 2001 al 2011: Medellín, Cartagena, Bogotá, Neiva, Montelíbano, Tumaco, Chinú, Villavicencio, Pasto, Armenia, Ibagué, Rionegro, Quibdó, Barrancabermeja, Puerto Berrío, Santafé de Antioquia, Orito, Tuluá, Popayán y Bucaramanga.
Según el investigador principal: “mientras más grande el queso, más grande la manada de ratas que lo acechan. Es por esta misma razón que el mayor detrimento al erario y más casos de corrupción se presentan en los entes administrativos con presupuesto de inversión más grande. En el caso del sector de acueductos, entre los grandes prestadores del servicio. Y mientras más próximos al poder (ordenador del gasto), más alta es la renta del corrupto”.
De esta manera, el mayor número de muertes causadas por mala calidad del agua se da en municipios en los que operan grandes empresas prestadoras del servicio, donde impera una lógica de la rentabilidad a toda costa: Sobre este particular, los autores traen a colación este caso singular de cinismo:
“A comienzos del 2017 estalló un escándalo de corrupción en España alrededor de la gestión de la empresa Canal de Isabel II, con experiencia de 160 años en la gestión del agua potable. Su filial en Colombia es Inassa, que es accionista de las firmas que operan los sistemas de acueducto en Barranquilla, Santa Marta y Riohacha, entre otras ciudades. Desde su sede en Madrid, uno de sus directivos sale en defensa de la eficiente gestión de la empresa con el argumento de que las ganancias han sido cuantiosas sin haber invertido ni un céntimo en América Latina”.
A lo largo de su artículo, Los investigadores llaman la atención sobre el carácter absolutamente excepcional de “el bien mayor del agua potable”, del que depende nada más ni nada menos que la vida humana y subrayan cómo el agua en el ordenamiento jurídico colombiano se define como un derecho fundamental y como un servicio público. Si ello es así, se preguntan cómo es posible que el agua se maneje como cualquier otro bien o servicio, sometido a la lógica de las utilidades económicas de las empresas e inmerso en las tramas de la corrupción.
Los datos de un estudio del Instituto Nacional de Salud, citado por los autores de la investigación sobre el acceso de los colombianos al agua potable, hablan por sí solos de los desafíos que el país tiene ante sí en esta materia:
[En el año 2015] “consumieron agua potable, aproximadamente 30,2 millones de habitantes (69,9 por ciento); usaron agua segura 4,9 millones (11,3 por ciento), utilizaron agua baja en tratamiento o protección 5,5 millones (12,7 por ciento) y se sirvieron de agua cruda, alrededor de 2,6 millones (6,0 por ciento)”.
Óscar Alfonso y sus compañeros indican que “La asociación positiva entre los dos fenómenos [corrupción y muerte] y, más aún, el carácter acumulativo del deterioro de los sistemas de acueducto por causa de tal detrimento [al erario] es un poderoso indicio de la existencia de conexidad entre este último y el derecho a la vida…. Como quienes se benefician ilegalmente con el detrimento son individuos con capacidades cognoscitivas como para estructurar una red de corrupción con reconocidas potencialidades para eludir la acción de la justicia e incluso para corromperla, es posible afirmar que ellos también tienen la capacidad de discernimiento sobre las consecuencias humanas de su acción sobre la provisión del agua potable y, por tanto, que la gastroenteritis no es un hecho fortuito sino que es causada de manera consciente por su intervención dolosa”.
Por esa razón, a los delitos cometidos por contratistas o funcionarios corruptos en ese sector, relacionados con la sustracción de dineros o su mal manejo, su despilfarro, etc., habría que agregarles imputaciones de atentado contra el derecho a la vida, y ubicar la situación en el terreno del Derecho penal.
“La batalla contra la corrupción la han ganado, hasta el momento, los corruptos de oficio y sus redes. La novedad de estos resultados es que pueden llegar a constituirse en un arma para el arsenal de quienes estamos interesados en construir un Estado probo y una sociedad que distribuya las riquezas que produce sin aceptar la cleptocracia como una de sus opciones”, concluye el grupo de investigación.