Las leyes financieras y su doble moral

La existencia de paraísos fiscales erosiona la base tributaria y reduce los recursos para el gasto público. 

No existen normas ni voluntad política para cambiar una realidad abiertamente antiética y lesiva del interés general. 

No todos los comportamientos corruptos se clasifican de la misma manera en nuestro país: mientras algunos, como el peculado o el cohecho, se identifican claramente como delitos materia de sanciones penales, otros, como la evasión y elusión fiscales -que implican, por supuesto, la sustracción de recursos públicos- no son vistos con la misma lente.

Es la doble moral que el investigador Juan Esteban Gallego Vásquez, del Departamento de Derecho Fiscal del Externado encuentra en el mundo financiero globalizado y que documenta en el artículo “La corrupción del derecho: los costos sociales de la incoherencia normativa”, incluido en el tomo 3 de la obra “La corrupción en Colombia”, publicada por la citada universidad, como parte del gran proyecto editorial “Así habla el Externado”.

El autor analiza específicamente el fenómeno de la fuga de capitales a paraísos fiscales que han suscitado escándalos como el de los Panama Papers. Se trata de comportamientos que, de alguna manera, son cohonestados por la por la sociedad y por la legislación, que no ven en ellos lo que son: la sustracción de recursos para la inversión pública y para hacer efectivos los postulados de la Constitución y del Estado Social de Derecho.

“Para la mayoría de los ciudadanos es desconocida y, peor aún, carece de interés, la existencia de transacciones electrónicas realizadas por la banca legalmente establecida mediante las cuales se extraen millones de dólares de las economías formales y se depositan silenciosamente en paraísos fiscales, se crean trust o arreglos fiduciarios en jurisdicciones discretas y de total opacidad contable para ocultar grandes sumas de dinero”, subraya Gallego.

El caso de los Panama Papers? es aleccionador sobre esta situación, toda vez que, según el investigador, los medios de comunicación colombianos y el mismo gobierno sostienen que no hay nada de malo en tener una sociedad oculta en un paraíso fiscal. “La pregunta es ¿por qué es necesario tenerla?”.

Y a continuación explica las consecuencias de lo que él califica como una situación a todas luces antiética: “Mientras se pregonaba la necesidad de nuevas reformas tributarias para aumentar el recaudo y financiar el gasto social, severamente incrementado por la firma de un acuerdo de paz con las farc (en Colombia), el gobierno omitía deliberadamente la evidencia contundente de que Panamá se lucraba de una plataforma cuya única finalidad era proteger la evasión tributaria de los grandes capitales colombianos”.

Hoy las normas legales en el campo financiero, explica el autor, responden a las necesidades de la supremacía del capital financiero, exacerbada en las últimas décadas, y están allí no para exigir prudencia y garantizar equilibrio entre las inmensas ganancias y las demandas sociales, sino para facilitar el crecimiento económico a toda costa.

“Es necesario inquirir si existen factores institucionales y normativos que permiten e incentivan la aparición de hechos contrarios al interés social y, en consecuencia, si su aparición generalizada en Colombia es simplemente el reflejo de una institucionalidad deformada y proclive a la corrupción, que únicamente de manera formal y semántica proclama el imperio del interés general”, puntualiza, y describe un mundo ‘contrahecho’, en el que la política, responsable del bien común está al servicio del imperio financiero.

Las últimas décadas del siglo XX marcaron “el comienzo de las inversiones off shore a gran escala y la erosión de las bases gravables. Los fiscos nacionales estaban heridos de muerte debido a una silenciosa pero permanente fuga de riqueza… Esta realidad dio lugar a la organización de una casta que comenzó por atesorar la riqueza y luego capturó mediante la corrupción a la clase política y a las instancias regulatorias”.

De manera paradójica, a pesar de los adelantos tecnológicos de información, el investigador Gallego advierte que vivimos un retroceso en la construcción de herramientas para la lucha contra los hechos corruptos y la legalización de sus frutos económicos. Por ejemplo, los centros de poder económico buscan detener a toda costa la confección de un catastro mundial de capitales migratorios.

Finalmente sostiene que la existencia de situaciones tan lamentables desde el punto de vista ético como la fuga de capitales a paraísos fiscales “impactan nuestro ánimo democrático, no solo por la magnitud del daño económico, sino por el gran efecto desmoralizante que golpea a los contribuyentes. La pérdida de credibilidad de los electores en las instituciones democráticas es quizás la más costosa de sus consecuencias”.

Como una contribución al propósito de enfrentar con firmeza los altos niveles de corrupción, el autor presenta un conjunto de propuestas concretas que podrían ayudar a recuperar el poder perdido de la legislación para la detección y sanción de los hechos corruptos en el campo fiscal. Entre ellas están:

• Eliminar las rutas abreviadas de producción legislativa (fast track) para la adopción de normas de contabilidad internacional y de estructuras tributarias foráneas como las que fomentan y facilitan fusiones y escisiones societarias. Discutir de manera mesurada los efectos de esas leyes
• Revisar la constitucionalidad de las leyes que establecen beneficios tributarios excesivos a cierto grupo de contribuyentes
• Revisar en detalle las normas contables que han sido adoptadas en Colombia bajo el falaz criterio de la homogenización contable internacional.
• Revisar los conceptos legales del ejecutivo que permiten la deducción de costos inexistentes en la operación de las actividades del sector extractivo.
• En el futuro, acotar el pernicioso secreto bancario y la impunidad de los paraísos fiscales.
• Modificar las metodologías que aplican los jueces para ponderar la protección del gasto público social frente a la protección sin límites a la acumulación económica.