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¿Tambalea la implementación de la Reforma Rural Integral?

Durante las II Jornadas internacionales en Derecho de tierras, expertos nacionales e internacionales hablaron sobre los avances y retos en la transformación del campo en Colombia.

Tras la decisión de la Corte Constitucional de tumbar una parte del ‘Fast Track’, ya no será necesario el aval del Gobierno para impulsar modificaciones a los proyectos de ley que dan vida a la implementación de los acuerdos de paz.

Aunque el punto de la justicia transicional alcanzó a pasar el trámite legislativo, quedan otros temas álgidos pendientes que prometen generar controversias en los distintos sectores políticos.

Precisamente, la Reforma Rural Integral, eje central de los acuerdos con las FARC, podría sufrir drásticas modificaciones en su paso por el Congreso. Este fue uno de los temas más importantes abordados por los expertos nacionales e internacionales, presentes en las II Jornadas internacionales en Derecho de tierras de la Universidad Externado.

Durante dos días de encuentro académico, docentes e investigadores discutieron sobre la compleja situación agraria y los múltiples mecanismos de apropiación de la tierra que, históricamente se han desarrollado en el territorio colombiano, sin que hasta el momento se vislumbren soluciones efectivas.

En este punto Ricardo Sabogal, director de la Unidad de Restitución de Tierras, destacó la celeridad del Gobierno en los procesos, y aseguró que actualmente hay 102 mil solicitudes de restitución de tierras en Colombia, de las cuales el 60 por ciento está en proceso

De esta cifra “un 43por ciento de los casos han sido despojadas por grupos paramilitares; otro 43 por ciento, de grupos guerrilleros y el 12 por ciento restante por parte de otros actores del conflicto”, como bandas criminales y el narcotráfico, entre otros.

No obstante, organizaciones sociales cuestionan la falta de articulación entre las instituciones, pues a la fecha han sido asesinados 18 reclamantes de tierra y 700 más están amenazados.

Reconociendo los retos, Sabogal agregó que, en cumplimiento al primer punto de los acuerdos, se han entregado tierras del narcotráfico avaluadas en 10 mil millones de pesos a campesinos de municipios afligidos por el conflicto armado.

“Con una inversión que supera los 61 mil millones de pesos, la restitución ha beneficiado a 27.305 personas con proyectos productivos, reactivando sus economías, generando oportunidades de progreso en el campo, y aportando en la transición de víctimas a microempresarios. La restitución, la primera cuota del posconflicto”, concluyó el funcionario.

Ante este panorama, en el que el Gobierno ya ha adelantado parte de lo pactado en Cuba en materia agraria, a docentes expertos en la materia como Héctor Santaella, les preocupa el futuro de la reforma rural, por las modificaciones que podrían agregar sectores de oposición, ante la controversial decisión de la Corte Constitucional.

“Temas relacionados con la justicia agraria, la institucionalidad agropecuaria, con los procesos agrarios, con la extinción de dominio, con la clarificación de la propiedad, serán mucho más álgidos para el debate legislativo”, explicó Santaella.

“Se espera que, aun así, no se adopten decisiones, que olviden por completo los procesos agrarios como, por ejemplo, la clarificación de la propiedad, o la extinción de dominio, porque esos procesos agrarios forman parte de lo que se acordó y son esenciales para poder cumplir con ese fin de agrupación de tierras”, advirtió.

Este punto fue respaldado por el experto Darío Fajardo Montaña, quien aseveró que el Presidente Juan Manuel Santos, es quien debe retomar la dirección del proceso de paz.

“Así no funcionan las cosas, al tener que volver a negociar el primer punto; desafortunadamente se había llegado a un acuerdo con grandes dificultades hace ocho días, precisamente, pero la impresión que le da a uno es que el Gobierno lo está desconociendo y así es muy difícil”, dijo.

Así las cosas, las expectativas sobre lo que podría pasar durante el próximo periodo legislativo, y el cumplimiento de lo pactado entre el Gobierno y las FARC, serán más grandes que en crisis anteriores, pues el balón llegará al polarizado terreno del Congreso.

Is the implementation of the Integral Rural Reform wobbling?

At the II International Conference on Land Law, national and international experts discussed progress and challenges of the land transformations in Colombia.

Following the Constitutional Court decision to eliminate a portion of the ‘Fast Track’ procedure, Government backing will not be needed to promote modifications to the proposed Bills implementing the peace agreements.

Although transitional justice passed the legislative process, there are still pivotal issues promising to generate controversy in the various political sectors.

Indeed, the Integral Rural Reform, the center of the agreements with the FARC, may experience drastic changes in its passage through Congress. This was one of the most important issues addressed by the national and international experts at the Externado University II International Conference on Land Law.

During the two-day academic meeting, professors and researchers discussed the agrarian situation and the multiple land appropriation mechanisms that, historically, have been developed in Colombia, and for which, thus far, no effective solutions have been foreseen.

Ricardo Sabogal, director of the Land Restitution Unit, stressed the speed at which the government is handling the processes; currently, there are 102 thousand requests for restitution of land in Colombia, of which 60 percent are being processed.

Of the above number «43 percent are cases where paramilitary groups had taken the land; another 43 percent by guerrilla groups, and the remaining 12 percent by other actors of the conflict, such as criminal gangs and drug traffickers, among others.

However, social organizations question the lack of communication between institutions, as, to date, 18 land claimants have been murdered, and 700 more are threatened.

Recognizing the challenges, Sabogal added that under the first item of the agreements, drug trafficking lands, valued at 10 billion pesos, have been allotted to peasants from municipalities afflicted by the armed conflict.

«With an investment exceeding 61 billion pesos, the restitution process has benefited 27,305 people, with productive projects, reviving their economies, generating opportunities for progress, and contributing to the transition of victims to micro-entrepreneurs. Restitution, the first post-conflict installment,» said the official.

Against this background, where the Government has already fulfilled part of what was agreed in Cuba in agricultural matters, the professors, experts in the field, such as Héctor Santaella, are concerned about the future of the rural reform, due to the possible addition of amendments from opposition sectors, in light of the controversial Constitutional Court decision.

«Issues pertaining  to agrarian justice, agricultural institutions, agricultural processes, elimination of domain, and clarification of property, will add much more fire to the legislative debate,» said Santaella.

«We are hopeful that, even so, decisions completely forgetting the agricultural processes are not taken. For example, property clarification, or domain elimination, as these agricultural processes are part of the agreement and are essential to comply with the land grouping objective,» he stated.

This point was supported by expert Darío Fajardo Montaña, who asserted that President Juan Manuel Santos should retake the leadership in the peace process.

«Things will not work this way, having to renegotiate the first point. Unfortunately, a week ago, with great effort, an agreement was reached, but the impression perceived is that the Government is not recognizing it, and thus, making it very difficult,» he said.

So, expectations on what might happen during the next legislative period, and the fulfillment of what has been agreed between the Government and the FARC, will be larger than in previous crises, as the ball will reach the polarized field of Congress.