XXII Jornadas Internacionales de Derecho Administrativo
El Derecho Administrativo reconoce las necesidades generadas por la crisis sanitaria y asume los retos que para la administración pública implica el garantizar la salud y la salubridad pública. Por ello, ante la ausencia de desarrollo de estos temas en la doctrina colombiana, el grupo de investigación de Derecho Administrativo del Externado celebrará los días 1, 2, y 3 de septiembre las XXII Jornadas Internacionales de Derecho Administrativo.
Este año se abordará el Derecho Administrativo Sanitario, realizando un estudio transversal en el que se tratan aspectos generales de la materia, entre los cuales se encuentran: la salud pública como un interés general; la relación y diferencia entre el derecho administrativo de la salud y el de la salubridad pública; y los aspectos organizaciones y sustanciales de la salud y la salubridad pública.
Partiendo de lo anterior, se procederá a analizar el rol del Estado como garante del servicio público de salud, así como su prestación directa por parte de entidades administrativas y por particulares en un régimen de libertad de empresa. De igual modo, también se ahondará en el régimen de responsabilidad de los trabajadores de la salud, y el régimen de compras públicas aplicable a este sector administrativo.
Este análisis del servicio público de salud necesariamente debe verse complementado con el desarrollo de las competencias de la administración pública, frente a la gestión de riesgos sanitarios que amenazan a la colectividad en general. De esta manera, los panelistas presentarán sus investigaciones respecto de los instrumentos de policía administrativa en materia sanitaria y las demás herramientas de intervención administrativa en la protección del orden público sanitario, haciendo especial énfasis en la inocuidad de los alimentos y la garantía de acceso a los medicamentos.
Finalmente, se destinará la última parte del evento a presentar los retos, avances y perspectivas de la construcción de ciudades con condiciones sanitarias óptimas para el ejercicio de los derechos fundamentales