Decreto del Supremo Jefe del Estado José María Melo, 1854

Por: Nelson La Rotta, asistente de investigación de Lux non occidat

En la tarde del lunes 18 de abril de 1854, en las plazas y calles que se recuperaban de la conmoción habitual del Domingo de Resurrección, se colgó este decreto promulgado por José María Melo (1800-1860) al declararse, por vías de hecho, Jefe Supremo de Estado de la República de Nueva Granada. Su articulado, que evidentemente limita libertades y promueve la persecución a sus opositores, concentra un conflicto único y determinante dentro de la historia de Colombia y las guerras civiles de ese periodo. A esto se suma, la resonancia que este documento tiene dentro del panorama político y social actual, dado que las formas de represión y señalamiento inscritas en este decreto no son ajenas al contexto contemporáneo.

Cabe resaltar que la persecución de toda reunión tumultuaria que amenace turbar el orden establecido, hoy en día sería una clara violación al derecho a la protesta; o que los autores de manuscritos o impresos sediciosos, o que de algún modo tiendan a perturbar el orden público, están siendo perfilados y su derecho a la libre expresión vulnerado. De igual modo, es un momento en el que la verdad es un lugar de disputa, la alusión a “noticias falsas” evidencia cómo desde esa época el control de la opinión pública es una estrategia del poder para violentar la democracia. Este diálogo entre nuestras décadas y las de Melo, es muestra de la necesidad por comprender los hechos que explican y rodearon este decreto de 1854.

A mediados del siglo XIX, se venía gestando un cambio generacional al interior del liberalismo y la cultura política de la República. Los líderes del proceso de emancipación habían envejecido y una nueva generación de liberales, alimentada por el socialismo y los hechos de 1848 en París, configuraron una tensión sobre la forma en que se comprendía la libertad.

Para unos, las élites gólgotas, la libertad significaba la liberación de los mercados y el desarrollo de una política económica abierta al mundo y a la importación. Para otros, draconianos y artesanos, la libertad representaba las garantías para poder existir y habitar el mundo en democracia, donde lo más importante era transitar de los valores tradicionales a una ética ciudadana, basada en una concepción individualista e igualitaria de las relaciones sociales y políticas.

Y, para cumplir este objetivo, se debía ofrecer a los artesanos medidas proteccionistas que garantizaran su existencia ante la llegada de importaciones que amenazaban su lugar.

En 1852 José María Obando (1795-1861) llegó al poder ejecutivo. Fue un caudillo liberal que había ganado su lugar dentro del panorama político a partir de su carisma y popularidad. Sin embargo, gólgotas y conservadores, se aliaron para erosionar su liderazgo; su estrategia consistió en generar mayorías en el Congreso, plantear una nueva constitución, debilitar el poder ejecutivo central y suprimir el ejército. Obando estaba contra la espada y la pared, ante una constitución que lo limitaba y la posibilidad de un golpe de Estado que restituyera sus capacidades, pero que no estaba dispuesto a realizar.

Estas reformas y atropellos hacia el poder ejecutivo generaron un levantamiento de artesanos y de un amplio sector del ejército, liderado por José María Melo, quienes ofrecieron a Obando el golpe de Estado en bandeja de plata. Sin embargo, Obando lo rechazó y sostuvo que él solo podía seguir la senda que le había dado la Constitución y la Nación. Esto generó un vacío de poder en la insurrección, vacío que no demoró en ocupar Melo ante el rechazo de Obando.

Es importante señalar que, a diferencia de Obando, Melo más que un político, fue un militar. Desde muy joven se unió al Ejército Libertador, destacándose en la Batalla de Pichincha, Ayacucho y en Segundo Sitio del Callao. Tras la muerte de Bolívar, siguiendo el destino de su amigo Rafael Urdaneta, fue expulsado del país y tuvo que exiliarse en Venezuela, las Antillas y Europa. En 1840, se otorgó un indulto a los veteranos de la Independencia y pudo volver a la República de la Nueva Granada. En 1847, se reincorporó al ejército como coronel, fueron años en los que se fue cocinando su relación con el artesanado y las sociedades democráticas.

De este modo, en abril de 1854, Melo se declaró Jefe Supremo del Estado. Quién no tardó en ignorar la Constitución de 1853 y reinstaurar la Constitución de 1843. Desconoció gobernadores y alcaldes en todo el territorio, designando nuevos desde Bogotá y a lo largo del país. Impartió justicia, multas y persiguió a quienes no colaboraron con su nuevo gobierno.

Mientras tanto, conservadores y gólgotas se replegaron, huyeron hacia Ibagué y empezaron a conformar el Ejército Constitucional. El Vicepresidente, José de Obaldía, se refugió en la embajada norteamericana y apoyó dicho ejército y la reinstauración del poder. Declararon a Ibagué como la capital y la nueva sede del Congreso. Casi 6 mil hombres marcharon hacia Bogotá, pero en Zipaquirá y Tíquisa fueron derrotados por Melo y las fuerzas golpistas.

Melo no los persiguió y permitió el repliegue, a pesar de tener más hombres y estar mejor capacitados. El Ejército Constitucional se reorganizó en Honda y en unos meses empezó a controlar el río Magdalena. En poco tiempo, los constitucionalistas lograron sobreponerse a partir de préstamos y el apoyo extranjero, con eso iniciaron la recuperación del poder.

El 1 de diciembre empezó el asedio de Bogotá, fueron 10 mil constitucionalistas contra 4 mil defensores. Para el 4 de diciembre se dio la derrota de la insurrección. Esta pérdida implicó la muerte de bastantes artesanos, otros muchos fueron enviados a la fuerza hacia Panamá. José María Obando fue juzgado y declarado insubsistente, siendo removido del mando presidencial. José María Melo fue juzgado y enviado al exilio, años después moriría en México luchando por Benito Juárez.

Más de 17 décadas nos separan de este documento, sin embargo, la realidad que presenta no es tan distante. Esta pieza representa la complejidad política y militar que marcó los procesos por el poder en nuestro territorio a mediados del siglo XIX, cuyas tensiones fueron definidas por la convulsión política bipartidista, la toma del poder por la fuerza, la violencia, el silenciamiento y la persecución del contradictor, así como la emergencia de nuevos actores económicos e ideológicos dentro de la República de la Nueva Granada.